Eran penitenciarios, trabajaban para reinsertar a los detenidos en la sociedad, pero fueron desplazados por tener condenas en su contra. El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, decidió desafectar a 50 miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
No son los únicos que tienen problemas en la Justicia. Otros 25 agentes fueron detenidos por delitos graves como desvío de fondos públicos, venta de drogas en los penales y hasta torturas seguidas de muerte.
La Auditoría Interna del SPB, a cargo de Rafael Paita, realizó un entrecruzamiento de datos entre la nómina de personal y el Registro Nacional de Reincidencia y hasta encontró casos de agentes investigados por corrupción en 2007 que tras ser condenados seguían trabajando en el servicio penitenciario.
Eso sólo se explica, aclaran en los pasillos de la Gobernación, por la complicidad del gobierno anterior. Paita llegó el 14 de marzo para auditar las cárceles de la provincia. Ferrari asumió el 6 de junio como ministro. Desde entonces, 190 penitenciarios fueron pasados a disponibilidad preventiva. De ellos, 42 terminaron desplazados por apremios ilegales. Cabe recordar que, en el último año de Daniel Scioli como gobernador, sólo tres agentes fueron echados.
