Luego de que la Justicia rechazara el pedido de excarcelación de los diez rugbiers acusados por el homicidio de Fernando Báez Sosa, se conoció que la defensa denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Ministerio Público bonaerense no les brindó el derecho a ser escuchados "con las debidas garantías".
El abogado Hugo Tomei hizo la presentación ante el organismo que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), el 8 de abril, casi una semana antes de que la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores rechazara una serie de planteos. Entre ellos, las apelaciones respecto de la prisiones preventivas de ocho de los diez rugbiers y confirmara a la fiscal de Villa Gesell, Verónica Zamboni, al frente de la investigación.
La denuncia, a la que tuvo acceso TN.com.ar, ingresó al sistema de la CIDH con el registro P799/20. El escrito de Tomei presentó el caso de esta manera: "El 18 de enero de 2020 se privó de la libertad a mis diez defendidos, acusados de cometer un homicidio calificado, cuya sanción se corresponde con la pena de prisión perpetua".
Y dijo sobre los rugbiers: "Personas jóvenes sometidas a encierro carcelario que -ocho de ellos- llevan más de 80 días en extrema situación". Se trata de Máximo Thomsen (20), Ciro Pertosi (19), Luciano Pertossi (18), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (20), Blas Cinalli (18) y Ayrton Viollaz (20), Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (19).
Luego aseguró que "el Estado provincial no ha cumplido con brindarles a los acusados la información detallada del delito imputado y las pruebas en su contra. Por lo tanto, ha incurrido en una categórica e intolerable violación al derecho de ser oído con las debidas garantías".
El abogado subrayó en su denuncia la presunta responsabilidad del fiscal General de Departamento Judicial de Dolores, Diego Escoda, y del fiscal de ese distrito, Mario Pérez, por haber desestimado una denuncia penal suya contra Zamboni, por "privación ilegal de la libertad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, y falsedad instrumental".
Tomei puntualizó que busca "restituir las garantías mínimas concedidas a los ciudadanos por la Convención Americana y violadas aquí por los funcionarios del aparato judicial del Estado provincial".
Tal como había hecho en la denuncia penal que presentó el 13 de febrero último contra la fiscal Zamboni y en su apelación ante la Cámara, el defensor insistió en la nulidad de las indagatorias de los imputados, en las que cada uno de ellos se negó a declarar al día siguiente del homicidio, por considerar que no fueron informados sobre la acusación ni sobre las pruebas.
Dijo que "estas audiencias formales" con cada imputado "nunca se llevaron a cabo", lo que "determina el pleno estado de indefensión, denegación de justicia y define como ilegal la actual privación de libertad de todos ellos".
En base a la breve distancia temporal entre cada una de las indagatorias, según consta en las actas, Tomei planteó que "se trató de un simulacro de audiencia", y que el Estado no comunicó "los cargos formulados".
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Thomsen, Ciro, Luciano y Lucas Pertossi, Comelli, Benicelli, Cinalli y Viollaz están imputados como coautores del delito de "homicidio agravado por alevosía y por concurso premeditado de dos o más personas". Todos permanecen encerrados en la Alcaldía de La Plata.
La Sala 1 de la Cámara de Dolores confirmó este martes la prisión preventiva de todos ellos, aunque el fallo se basó en la imputación inicial, en la que solo Thomsen y Ciro Pertossi figuraban como coautores.
Al momento de dictarse esa medida cautelar por parte del Juez de Garantías, David Mancinelli, el resto había sido acusado de ser "partícipe necesario", al igual que los dos rugbiers que fueron excarcelados por falta de mérito, Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (19).
Los jóvenes están acusados de haber asesinado a golpes a Báez Sosa en la madrugada del 18 de enero en Villa Gesell, frente al boliche Le Brique.
