El fiscal federal Federico Delgado fue apartado de la causa por la tragedia de Time Warp, que investiga la muerte de cinco jóvenes por consumo de drogas sintéticas en una fiesta electrónica el 16 de abril del año pasado en el predio de Costa Salguero.
La decisión la adoptó la Sala II de la Cámara Federal a pedido de la defensa del abogado Víctor Stinfale, uno de los organizadores de la fiesta procesado en la causa, que estuvo detenido y denunció la falta de objetividad del funcionario judicial. Delgado negó apartarse de la investigación y defendió su actuación en el caso, mientras que el juez Sebastián Casanello, a cargo del expediente, rechazó en dos ocasiones la recusación del funcionario judicial.
La Sala integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah decidió anular la resolución de Casanello, hacer lugar al planteo de la defensa de Stinfale y apartar al fiscal Delgado del caso. "Hacer lugar a la recusación planteada respecto al señor fiscal de primera instancia, Federico Delgado, y por ende disponer su apartamiento de la presente investigación debiendo el juez proveer lo que corresponda", sostuvieron en el fallo los camaristas.
Fuentes judiciales indicaron a DyN que llamó la atención los "duros términos" usados por los camaristas para evaluar la labor de Delgado, que había solicitado llevar el caso de inmediato a juicio oral para definir las responsabilidades de los imputados. La Cámara advirtió en el fallo "el desinterés" del fiscal por "el descubrimiento de la verdad objetiva" y aseguró que "su inflexible posición evidencia su incapacidad para ajustarse al trámite del expediente y a las decisiones de la jurisdicción, a punto tal de pretender inaugurar etapas cuya apertura la ley pone en cabeza del juez".
Stinfale fue detenido en mayo pasado. Delgado lo acusó de ser el organizador principal de Time Warp a través de la empresa "Energy Group", manejada por terceras personas. A principios de julio, la Cámara Federal ordenó excarcelarlo junto al presidente de Dell Producciones Adrián Conci, a los apoderados de la firma Carlos Garat y Máximo Avila, al encargado de seguridad Carlos Penise y a Martín Gontad, uno de los organizadores de la fiesta electrónica.
El Tribunal de apelaciones confirmó los procesamientos de los acusados, pero revocó las prisiones preventivas al modificar la calificación del delito de "comercio de estupefacientes y abandono agravado de persona seguido de muerte" a "facilitación del lugar para el consumo y venta de estupefacientes, homicidio culposo y lesiones graves culposas".
Casanello procesó también como "partícipes necesarios" de la venta de estupefacientes y abandono de persona seguido de muerte a cinco funcionarios porteños de la Agencia Gubernamental de Control, a cargo de la habilitación del lugar, y a 26 agentes de Prefectura Naval Argentina contratados para hacer tareas adicionales en la fiesta.
