Un caso estremecedor sacudió a Rosario: una mujer de 37 años fue rescatada de una casa en calle Montevideo, en el barrio Martín, donde habría sido esclavizada desde que tenía 14. Por el hecho, la Justicia federal imputó a E.S.S., una mujer de 60 que vive desde hace más de tres décadas en Los Ángeles, en Estados Unidos, como presunta autora del delito de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre.
La víctima, que nació en Tres Bocas, Corrientes, llegó a Rosario en 2003 para poder estudiar y tener una vida mejor. Pero esa promesa nunca se cumplió. Desde entonces, fue obligada a trabajar sin descanso, salario ni derechos.
Leé también: Denunciaron a una madre que perdió en el casino los $17 millones recaudados para la fiesta de egresados
El calvario fue dado a conocer el 2 de octubre, cuando la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de la Policía Federal allanó la casa de Montevideo al 56 y rescató a la mujer, que cuidaba a la madre de la imputada.
La audiencia judicial se realizó el viernes 5 de diciembre ante el juez de Garantías Román Lanzón, en los Tribunales Federales de Rosario. La víctima estuvo acompañada por defensoras públicas y profesionales del Área de Atención a Víctimas del Ministerio Público Fiscal, entre ellos una psicóloga y un antropólogo.
La fiscal Adriana Saccone, junto a las fiscales coadyuvantes María Virginia Sosa y Soledad García, de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos, imputaron a E.S.S. por trata de personas y explotación, según informó el medio local Aire Digital.
Un control total a distancia: cámaras, órdenes y aislamiento
Según la acusación, la explotación continuó incluso después de que la imputada se mudó a Estados Unidos. Desde julio de 2022 hasta octubre de 2025, E.S.S. habría instalado 16 cámaras de seguridad en la casa y entregado un celular a la víctima para impartirle órdenes desde el exterior.
Las fiscales remarcaron que fue un delito de ejecución continuada, con una misma matriz de explotación que se extendió durante 22 años. “No solo no hizo cesar el estado de servidumbre, sino que lo continuó y lo perseveró, porque también le generaba un beneficio”, sostuvieron las representantes del Ministerio Público Fiscal durante la audiencia.
La investigación reveló que en 2003, luego de la muerte de su padre, la víctima fue captada con solo 14 años. Su madre, sin recursos para sostener a nueve hijos, autorizó el traslado de su hija mayor a Rosario bajo la promesa de educación y una vida mejor.
La autorización fue firmada en una escribanía, mediante un acta notarial que la madre -que no sabía leer ni comprender el contenido- rubricó sin acompañamiento. La adolescente viajó en colectivo y fue recibida en Rosario por J.E.G.S., madre de la actual imputada.
Desde ese momento, la joven fue obligada a realizar tareas domésticas, mantenimiento, cocina, administración del hogar y cuidado personal, sin recibir salario, solo a cambio de comida, alojamiento y ropa.
Leé también: Segundo caso en Santiago del Estero: cayó un puestero que vendía milanesas hechas con papel higiénico
La fiscalía detalló que la víctima trabajó durante más de dos décadas en jornadas completas, sin descansos, vacaciones, aguinaldo ni aportes previsionales. No tuvo cobertura de salud ni vínculos sociales fuera de la casa.
Informes de ANSES y ARCA confirmaron que la mujer no registraba actividad laboral, cuentas bancarias ni ingresos propios. Solo manejaba dinero para compras vinculadas a la propiedad. La acusación fue respaldada por testimonios de vecinos, informes oficiales, peritajes interdisciplinarios y la declaración de la víctima en Cámara Gesell.
Medidas cautelares y el futuro de la causa
El juez Román Lanzón rechazó el pedido de sobreseimiento de la defensa y dio por formalizada la imputación, al considerar acreditados los indicadores de explotación y la extrema vulnerabilidad de la víctima.
Si bien la fiscalía pidió la detención y extradición de E.S.S., el magistrado ordenó medidas cautelares no privativas de la libertad por un año: fijación de domicilio, firma mensual en el consulado argentino, prohibición de contacto con la víctima y compromiso de no obstaculizar la investigación.
La situación de J.E.G.S., madre de la imputada, sigue bajo análisis y depende de un informe médico para determinar si puede ser sometida a proceso.
