En medio del escándalo, se conocieron los chats en los que la madre acusada de haber perdido los $17 millones recaudados para la fiesta de egresados de la Escuela Provincial de Comercio Nº 19 de Eldorado, admite lo que hizo.
“Hola. La verdad es que no hay justificación para lo que hice”, dice la primera parte del mensaje que le mandó Romina por WhatsApp a otra mamá.
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En ese sentido, intentó explicar lo que había pasado: “Yo tengo problemas con el casino. Usé y después, pensando que la iba a recuperar, me fui embarrando cada vez más”.
La respuesta que recibió fue inmediata y cargada de bronca: “No puedo creer lo que hiciste. Tenés que dar la cara, tenés que hacer algo”.
Lejos de calmar los ánimos, la conversación profundizó la indignación del grupo. Ante el reclamo, la mujer contestó: “Estoy tramitando un préstamo”.
Todo estalló cuando las familias de 35 alumnos de dos cursos, que desde abril aportaban cuotas mensuales para la fiesta, intentaron avanzar con los pagos finales. Al consultar por los servicios contratados, descubrieron que prácticamente nada estaba abonado: no había pagos al catering, al DJ, a la iluminación ni a la fotografía. Solo figuraba la seña del salón.
Durante meses, los padres habían pedido contratos, facturas y comprobantes, pero la mujer que administraba la billetera virtual siempre esquivaba los pedidos o prometía mostrarlos más adelante. “Fuimos demasiado ingenuos y depositamos toda nuestra confianza en una sola persona”, lamentó Mónica B., madre de una alumna, al recordar cómo se manejó la recaudación.
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El momento en que se conoció la verdad fue devastador. “Era un mar de llantos de las madres, los padres y los hijos”, describieron quienes estuvieron presentes cuando la mujer admitió que el dinero había sido gastado en el casino y que atravesaba un problema de ludopatía.
La bronca creció aún más cuando trascendió que tiempo atrás los padres le habían otorgado un reconocimiento económico por su “trabajo” en la organización de la fiesta.
En total, en ocho meses habían reunido alrededor de $17.500.000, pero al momento del escándalo no se había cubierto ni siquiera el 15% de los servicios contratados.
