Un soldado se mató en la Quinta de Olivos este martes a la madrugada, según pudo confirmar TN. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado se trasladó a la residencia presidencial para investigar los detalles del caso junto con la Policía Federal Argentina (PFA), que quedó a cargo de las primeras actuaciones.
La Casa Rosada emitió un comunicado oficial en el que se identificó al joven como un efectivo del Ejército Argentino. Se trata de Rodrigo Gómez, de 21 años, que cumplía funciones de seguridad dentro del predio al momento del hecho. Altas fuentes del Ejecutivo aseguraron que se quitó la vida.
“En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio”, señalaron desde Presidencia. En el mismo texto precisaron que el soldado “fue hallado sin vida en uno de los puestos internos” y que los servicios médicos que acudieron al lugar constataron su fallecimiento.
De acuerdo al comunicado, tras el hallazgo se activaron de inmediato los protocolos correspondientes y se dio intervención al Juzgado Federal interviniente. Por disposición de Arroyo Salgado, también fueron convocadas distintas áreas de las fuerzas federales para llevar adelante las pericias.
La causa quedó en manos de la Dirección de Unidades Operativas Federales (DUOF) de San Isidro, que trabaja junto a la PFA bajo las directivas del juzgado. “Cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente”, aclararon desde el Gobierno.
Según los primeros informes internos a los que accedieron las fuerzas de seguridad, el soldado Rodrigo Gómez se encontraba apostado en uno de los puestos del perímetro de la Quinta Presidencial cuando se produjo el hecho. De acuerdo a esa información preliminar, el efectivo habría fallecido tras efectuarse un disparo en la cabeza con su arma larga reglamentaria.
Tras tomar conocimiento del episodio, se dispuso el desplazamiento de un oficial jefe del Departamento de Seguridad Presidencial hacia el lugar, con el objetivo de recabar mayores datos y coordinar las actuaciones iniciales junto al personal del predio. La zona fue aislada de manera preventiva para permitir el trabajo de los peritos.
Todas estas investigaciones quedaron bajo la órbita del Juzgado Federal de San Isidro, que instruye la causa y supervisa el avance de las medidas probatorias. La investigación continúa en curso y la información oficial será comunicada únicamente por la autoridad judicial competente.
