Los tres primeros fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso en Córdoba enfrentarán un juicio político por los delitos de mal desempeño y negligencia grave. La información fue confirmada a TN.
Se trata de Javier Di Santo, que intervino de 2007 a 2015; Daniel Miralles, que participó de 2016 a 2017; y Luis Pizarro, a cargo de 2017 a 2019, cuando se elevó la causa a juicio contra el exesposo Marcelo Macarrón.
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En marzo, la familia de Nora presentó una denuncia contra estos tres fiscales que investigaron el crimen ocurrido en Río Cuarto hace 19 años.
Finalmente, la decisión tomada por el jurado -integrado por los legisladores Julieta Rinaldi, Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás, Walte Gispert y Aída Tarditti- fue unánime y este viernes notificarán al Ministerio Público Fiscal.
Así, a partir de mañana, el fiscal general, Juan Manuel Delgado, tendrá 30 días para hacer la acusación.
Tras la confirmación del jury, Mariangeles Mussolini, abogada de Facundo Macarrón, habló con TN y contó cómo recibió la novedad la familia: “Están contentos por todo este tiempo que vienen luchando para tener justicia por Nora. Creemos que es un paso más. Esto nos renueva la confianza y las expectativas en las instituciones, confiando en que este proceso nos va a llevar a acercarnos un poquito más a tener justicia”.
En declaraciones a ElDoce, el viudo Marcelo Macarrón agregó: “Es un granito más de arena para el pedido de justicia. Esto es ganar una batalla y creo que queda mucho todavía”.
Se trata del primer jury múltiple en la historia de Córdoba. La ley 7956 permite que un proceso sea en conjunto solo cuando existe “conexión de hechos”, algo que el jurado entiende que está acreditado.
Cuál fue el planteo de la familia de Nora Dalmasso para denunciar a los fiscales
De acuerdo a lo que detalló la letrada, hay varios puntos detrás de la denuncia. El más fuerte está vinculado con un informe que realizó el exagente del FBI Stephen Walker y su esposa Mariana Azar en 2007 -paralelo a la investigación- en el que señalaban a los obreros y, puntualmente, a Roberto Bárzola como sospechoso del hecho. Aunque el documento fue entregado a Darío Vezzaro, quien era por ese entonces fiscal general de Córdoba, no se sumó a la causa.
¿Por qué se mencionó este informe? Porque en marzo, el exfiscal Vezzaro admitió en declaraciones a Cadena3 haberlo recibido y aseguró que llegaba a las mismas conclusiones que la actual investigación. Además, confirmó que no lo informó en el expediente y que Di Santo tenía conocimiento del mismo, pero decidió no incorporarlo.
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“Lo importante es que en varias oportunidades, la familia indicó al parquetista (Bárzola). El archivo no perdona. Hay muchas entrevistas que se hicieron a los abogados de la mamá de Nora, de Facundo y de Marcelo, donde pedían que se lo investigara y no lo hicieron”, remarcó Mussolini.
En ese sentido, la abogada indicó que en 2011 sí fue incorporado un informe del FBI -similar al presentado por Walker y Azar- que mencionaba la existencia de abuso sexual y sugería que debían ahondar en el accionar de los obreros, “principalmente en el de uno que se había puesto en el lugar del hecho en el momento de la muerte, algo que fue determinado por peritos forenses”.
Es que Bárzola declaró en la Justicia en 2022 junto a Walter González, quien era su patrón. Ambos se dedicaban a pulir los pisos y habían sido contratados por el esposo de la víctima, para trabajar en la casa en la que vivían en Río Cuarto. Fue entonces que recordó el momento en que Nora le reclamó por un error en el trabajo que habían hecho durante esos días: “Solo hablé con ella la vez que me reprochó sobre el polvillo”.
Lo paradójico es que en aquella rueda de prensa, el acusado confirmó haber estado en la casa de los Dalmasso aquel 25 de noviembre, en el que fue asesinada Nora. Según su declaración, fue hasta el lugar y no tocó timbre porque estaba esperando a González, quien finalmente no fue. “Volvimos a trabajar en la casa después del crimen, fue un momento de trabajo normal”, sostuvo.
El problema fue que desde 2012 a 2015, no hubo actividad procesal, lo que hizo que un periodista denunciara la situación y consiguió que destituyeran a Di Santo. Al respecto, la abogada cuestionó también la falta de interés de los otros dos fiscales que le siguieron: “No se interesaron en lo manifestado ni investigaron las pruebas que había. Hubiese sido todo más claro, más concreto, porque lo único que tenían que hacer era seguir la sugerencia del FBI, sacar 10 muestras de los obreros que habían trabajado en la casa y cotejarlo como se hizo en 2023/2024, cuando se descubre el positivo de Bárzola”.
En octubre, la Cámara Segunda del Crimen de Córdoba decidió sobreseer a Bárzola tras considerar que el caso prescribió, lo que reavivó el malestar de los Macarrón.
Para la familia, ese sobreseimiento sólo confirma que casi dos décadas de demoras, errores y omisiones terminaron por sellar la impunidad. Ahora esperan que la denuncia contra los fiscales avance y permita, al menos, establecer responsabilidades por una investigación que desoyó pruebas clave y dejó sin justicia uno de los casos más resonantes de Río Cuarto.
