En la segunda audiencia de cesura en el juicio por el crimen de Cecilia Strzyzowski, la Justicia rechazó la estrategia del clan Sena para conseguir sus respectivas prisiones domiciliarias y este viernes deberá definir las penas para los condenados.
La audiencia se realizó este jueves en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, en la que declararon varios testigos. Ahora, resta definir las penas que recibirán César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, condenados por el femicidio junto a sus colaboradores.
La jueza Dolly Fernández rechazó los pedidos de junta médica realizados ayer por las defensas del Clan Sena, quienes pretenden lograr una prisión domiciliaria luego de que reciban las penas.
Fernández explicó que muchos de los pedidos presentados por las defensas —vinculados a evaluar la salud física o psíquica de los imputados— no corresponden a la etapa de cesura.
“Las medidas informativas y periciales solicitadas para eventualmente pedir un cambio o morigeración en las condiciones de detención exceden el marco de esta etapa del proceso”, aclaró.
La magistrada comentó además que, si bien se pueden ordenar estudios médicos “a los fines del control y seguimiento de las personas detenidas” bajo su responsabilidad, estos no pueden ser usados con un fin distinto al que establece esta instancia, que es definir la pena a imponer.
En la primera audiencia, realizada el miércoles por la mañana, hubo interrupciones y exposiciones de las defensas.
Los abogados pidieron que se declarara la nulidad del veredicto del jurado popular que, dos semanas atrás, declaró culpable a César por homicidio doblemente agravado y señaló a Emerenciano y Acuña como partícipes necesarios.
Los abogados argumentaron supuestas presiones externas, “contaminación mediática” y falencias en la deliberación del jurado.
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El fiscal Martín Bogado rechazó esos planteos y advirtió que algunas afirmaciones resultaban “sumamente graves” porque insinuaban conocer dónde habían estado alojados los jurados durante el juicio.
Las querellas también se opusieron y señalaron que los cuestionamientos no habían sido planteados oportunamente en el debate.
Además del planteo de nulidad, la cesura se tensó por las solicitudes vinculadas a la salud de los imputados.
La defensa de César Sena insistió en la necesidad de una junta médica integral para evaluar su estado mental actual y retrospectivo, mientras que los representantes de Emerenciano y Acuña intentaron introducir estudios médicos y antecedentes clínicos para dejar asentado un cuadro que, más adelante, pueda derivar en pedidos de prisión domiciliaria.
La fiscalía remarcó que la cesura tiene el objeto concreto de determinar la pena, y que no es la instancia adecuada para analizar cuestiones de inimputabilidad ni eventuales regímenes de detención.
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De este modo, la jueza Fernández deberá resolver mañana las penas para los condenados.
