La Justicia tratará desde las 11 la apelación presentada por la familia de Diego Fernández Lima tras el sobreseimiento a Cristian Graf, el dueño de la casa del barrio porteño de Coghlan, donde se encontraron los restos del adolescente desaparecido en 1984.
Se trata de una audiencia clave para el futuro de la causa, luego de que el juez Alberto Litvack dictara el sobreseimiento de Graf por “inexistencia de delito”. “El hecho investigado no encuadra en una figura legal”, señaló el magistrado al basarse en el inciso 3 del artículo 336 del Código Penal.
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Javier Fernández Lima, hermano de la víctima y particular damnificado, apeló el fallo del juez. Lo mismo hizo el fiscal Martín López Perrando.
El fiscal había acusado a Graf de encubrir el hallazgo de los restos del adolescente que tenía 16 años al momento de su desaparición.
La causa por el crimen estaba prescrita por el paso del tiempo, por lo que si en esta audiencia se sostiene, la familia de la víctima y el fiscal deberán apelar a un tribunal mayor.
El abogado del acusado, Martín Díaz, adelantó que Graf no estará presente en la Sala N°4 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
La defensa del abogado de Graf
Martín Díaz, uno de los abogados de Cristian Graf, adelantó que se presentarán "con la mejor de las expectativas".
El abogado defensor explicó que tendrá cinco minutos para exponer, mientras que la parte acusatoria contará con el doble de tiempo.
Díaz dijo que "Graf está tranquilo" porque “es incapaz de matar a una mosca”. “Sabe que de nuestro lado está la verdad y nunca dudamos de esta inocencia”, remarcó.
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“Acá hubo una historia mal contada por el fiscal donde lo ubican como un villano a Graf y a todo su núcleo familiar”, señaló la defensa.
El representante de Graf reiteró que de la investigación “no surge ningún tipo de vínculo”, tales como “pleitos, amistades o negocios”.
En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, agregó: “Este es un caso atípico, pero lo más raro es que el Estado nunca investigó el homicidio. Calculo que esto se dio debido a la escasa legislación que existía en el año 1984 y no hubo intenciones de parte del Estado ni en ese año ni actualmente de encarar una investigación seria”.
