El caso de Ramoncito Grandoli, el chico de 13 años que fue asesinado de múltiples puñaladas en la localidad entrerriana de Hernandarias en febrero de 2020, quedó impune en la Justicia. A cinco años del crimen, el único sospechoso, Luis Roldán, fue sobreseído por inimputabilidad y la causa se cerró sin responsables.
El 28 de febrero de 2020 fue la última vez que vieron a Ramoncito con vida. Su papá lo despidió cuando el nene se fue a la casa de unos primos en el campo para trabajar haciendo escobas.
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Al pasar los días y no tener noticias de su hijo, Gambino Grandoli denunció la desaparición en la comisaría local y empezó una búsqueda contrarreloj que tuvo un final abrupto y trágico dos semanas después.
El 13 de marzo un grupo de policías encontró huesos humanos en una fogata en medio del monte, cerca del cementerio de Hernandarias y de la casa de los primos de Ramoncito.
Los estudios de ADN confirmaron que los restos eran del chico que estaba desaparecido y las pericias forenses determinaron que había recibido al menos nueve puñaladas.
Con el correr de las horas la investigación sumó nuevos y escalofriantes datos: el ataque fue con un cuchillo de doble filo, de 40 centímetros de largo y casi 3 de ancho. Los cortes más graves estaban en el cuello, la clavícula y la columna cervical.
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Todos los sospechosos quedaron libres por problemas de salud mental
La División Homicidios apuntó desde el principio a la familia Roldán: los hermanos Hugo y Luis, y un primo llamado Walter. Los tres fueron detenidos, primero en un hospital psiquiátrico y luego con arresto domiciliario. Con el tiempo, las medidas cautelares vencieron y recuperaron la libertad.
Luis Roldán fue el único que siguió vinculado al proceso, señalado como el presunto autor del crimen del Ramoncito. Sin embargo, una pericia psicológica determinó que tenía una disminución de su capacidad mental - con déficit de memoria, problemas de comunicación y escasa autonomía - y no podía afrontar una acusación penal.
Así, el juez Eduardo Ruhl dictó este martes el sobreseimiento por inimputabilidad, con el aval de la fiscal Patricia Yedro y la defensa de Juan Carlín.
La fiscal Paola Farinó repasó que desde 2020 los informes advertían sobre el retraso madurativo y la disminución de las facultades mentales del acusado. Las pericias interdisciplinarias de 2024 y 2025 confirmaron que el cuadro es irreversible.
Por eso, la fiscalía acompañó el pedido de sobreseimiento, aunque propuso una internación provisional de dos años para que reciba tratamiento profesional.
El móvil del crimen nunca se esclareció.
