La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a José Ruffa Saraspe, el exdocente que recibió una pena de 13 años y doce meses de prisión por abusar de siete chicos en una escuela de Río Negro. Sin embargo, cuando lo fueron a buscar no lo encontraron y ahora se montó una intensa búsqueda en todo el país para dar con él.
La notificación de la condena por los ataques que ocurrieron entre 2017 y 2019 en la Escuela N° 247 de Balsa Las Perlas, tuvo lugar la semana pasada, pero se dio a conocer en las últimas horas.
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En los días previos al fallo, Ruffa Saraspe incumplió con las dos presentaciones que tenía que hacer semanalmente ante la justicia, que le había otorgado la libertad bajo medidas cautelares.
En ese contexto, de acuerdo al expediente, el imputado había declarado que tenía domicilio en la provincia de Tucumán, pero no le habían impuesto ningún tipo de monitoreo.

Esta actitud levantó sospechas y las dudas acerca de un posible escape crecieron. Al conocerse la condena lo fueron a buscar, pero no lograron encontrarlo. Es por eso que fue declarado en rebeldía por el Poder Judicial, que ahora mantiene vigente una orden de captura nacional.
Los 12 hechos por los que fue denunciado
La causa comenzó tras una denuncia realizada en 2019 por la familia de una de las alumnas que tenía a cargo. Esa situación desencadenó la denuncia de otros chicos que habían padecido situaciones similares.
Durante el juicio se lograron acreditar 12 hechos de abuso sexual que fueron relatados por siete estudiantes menores de edad en Cámara Gesell. De esta manera, el tribunal formado por los jueces Marcelo Gómez, Guillermo Baquero Lazcano y Laura González Vitale lo declaró responsable de “delitos por abuso sexual simple de menores de 13 años, agravado por haber sido cometido por el encargado de su educación”.
Además, la investigación determinó que los episodios ocurrieron contra alumnos de distintos grados y en distintos turnos de clase.
Durante la etapa de instrucción, la fiscalía solicitó en varias oportunidades la prisión preventiva del acusado ante el riesgo de fuga y por el posible entorpecimiento de la investigación. Sin embargo, la solicitud fue denegada por el tribunal, que sí lo autorizó a radicarse en Alberti, Tucumán, exigiéndole una presentación.
Pese a ello, de acuerdo con el expediente, no contaba con monitoreo electrónico ni restricción de traslado, por lo que, pese a que ahora sí deberá ir a la cárcel, todavía no pueden dar con él.
Por el momento, la sospecha más firme radica en que está viviendo en alguna localidad del interior de Tucumán.



