El fiscal Adrián Arribas, que investiga el triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, pidió la prisión preventiva de los acusados, a los que considera parte de “una banda narcocriminal” que actúo con violencia para “recuperar la droga” de un cargamento robado.
“Requerimos la prisión preventiva por todos los imputados y solicitamos la competencia de la Justicia Federal. El juez tiene 5 días para definir si otorga la preventiva”, sostuvo en una conferencia de prensa desde la sede judicial de La Matanza.
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Para Arribas, los nueve detenidos “participaron de los hechos y hay tres prófugos”. “Hubo un robo de estupefacientes y a raíz de eso, hubo privación ilegítima de la libertad de las tres chicas. La finalidad era recuperar la droga y derivó en el triple crimen”, insistió.
Quiénes son los detenidos que tendrán prisión preventiva
El pedido de prisión preventiva es contra Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como uno los líderes de la banda; Celeste Magalí Guerrero, dueña de la casa donde encontraron los cuerpos y su pareja Miguel Silva; y Daniela Ibarra, a quien encontraron lavando manchas de sangre en la vivienda junto a Maximiliano Parra.
La lista sigue con Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro y que aparece en el auto de apoyo; Matías Agustín Ozorio, acusado de ser uno de los autores materiales y que fue capturado en Perú; y Ariel Jeremías Giménez, acusado de tapar el pozo donde fueron enterradas las víctimas.
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En el documento, al que TN tuvo acceso, Arribas les agravó las imputaciones a todos. A Giménez, Sotacuro, Silva, Ibarra, Parra y Ozorio los acusa de del delito de privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento, por haber sido cometido por un hombre a una mujer mediante violencia de género, y por ser criminis causa –tres hechos-.
A Guerrero, Ibáñez y a Ibarra, las tres mujeres, les quitó el agravante de violencia de género y les mantuvo las otras acusaciones de privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes, y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento, y por ser criminis causa –en tres hechos-.
Al tratarse de un crimen con el sello de un delito federal como el narcotráfico, el fiscal solicitó que la causa pase a la Justicia Federal, algo que se resolvería en las próximas horas.
Las claves de la investigación
El pedido, firmado además por los fiscales Diego Rulli y Claudio Fornaro, sostiene que Brenda, Morena y Lara fueron secuestradas, torturadas y asesinadas. Sus cuerpos estaban enterrados en una casa de la calle Chañar 702, en el barrio Villa Vatteone de Florencio Varela, un sitio que funcionaba como “casa operativa” de la organización.
Los fiscales señalaron que las víctimas fueron engañadas con la promesa de participar en una fiesta o de recibir dinero por un trabajo y que, una vez en el lugar, fueron atacadas “con extrema violencia y saña”. Las autopsias confirmaron múltiples lesiones, fracturas y mutilaciones, compatibles con un homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y concurso premeditado de dos o más personas.
Según el requerimiento, González Guerrero tenía vínculos directos con los cabecillas de la organización, entre ellos Tony Jansen Valverde Victoriano (“Pequeño J”) y David Gustavo Morales Huamaní (“El loco David”), señalados como responsables del tráfico de cocaína desde Perú hacia Buenos Aires. En su declaración, González admitió que “el tío de Julio (‘Pequeño J’), a quien le dicen ‘el Duro’, me dio mil dólares el día que llegaron las chicas”.
“Las jóvenes fueron asesinadas por una deuda o venganza vinculada al robo de varios kilos de droga a una organización estable y permanente del narcotráfico”, remarcó el fiscal Arribas en el escrito.
El requerimiento detalla que Daniela Iara Ibarra y Maximiliano Parra fueron vistos limpiando manchas de sangre y tratando de ocultar rastros en la casa. Las cámaras de seguridad, incorporadas como prueba, muestran a ambos intentando barrer y lavar las paredes y el suelo manchados de sangre horas después del crimen.
Los fiscales calificaron esa conducta como “una maniobra consciente y deliberada para obstaculizar la investigación”, lo que derivó en una imputación por encubrimiento agravado.
En el tramo más crudo del dictamen, los investigadores remarcan que las víctimas eran mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad, y que esa condición fue aprovechada por los atacantes. “El grado de indefensión de estas personas ni siquiera ha sido negado por las defensas. Su vulnerabilidad fue utilizada para someterlas y eliminarlas”, concluyeron los fiscales.
El documento dedica más de 50 páginas a describir los vínculos de los imputados con una red de narcotráfico que operaba entre La Matanza, CABA y el sur del conurbano bonaerense, liderada por ciudadanos peruanos y bolivianos.
“El narcotráfico organizado es un flagelo que prueba la fortaleza de las instituciones: responder con la ley, la coordinación y la humanidad es el único camino”, resaltaron los fiscales en el cierre del documento.
El pedido para que la causa pase al fuero federal
Finalmente, el Ministerio Público de La Matanza planteó la incompetencia del fuero ordinario, solicitando que la causa sea derivada al Juzgado Federal de Morón, ante los “claros indicios de delitos conexos al tráfico internacional de drogas”.
“El caso no se agota en un hecho de violencia urbana, sino que expone un entramado criminal donde confluyen trata, narcotráfico y homicidio organizado”, sostuvieron los fiscales.
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La jueza de Garantías de La Matanza deberá resolver en los próximos días si hace lugar al pedido de prisión preventiva y si acepta la remisión del caso al fuero federal.
Los ocho imputados -el requerimiento no incluye a Pequeño J, líder de la organización y quien está preso en Perú a la espera de su extradición- permanecen detenidos en unidades penitenciarias bonaerenses. La investigación continúa bajo la coordinación de equipos de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y de la Dirección de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas.
