La causa que sacudió a la comunidad evangélica de Mar del Plata entró en su etapa final. Este lunes, la fiscal Laura Mazzaferri pidió que el pastor Roberto Tagliabue sea condenado a 14 años de prisión por los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral, privación ilegal de la libertad y ejercicio ilegal de la medicina.
En su alegato ante el Tribunal Oral Federal, a cargo del juez Roberto Falcone, la fiscal no solo reclamó la pena de cárcel, sino que también solicitó una indemnización de 136 millones de pesos para las víctimas y la inhabilitación perpetua para que Tagliabue pueda dirigir un centro de rehabilitación.
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El modus operandi del pastor basado en la manipulación
Según la hipótesis de la acusación, Tagliabue recibía a personas vulnerables en un “hogar” frente a su casa y las obligaba a realizar tareas de mantenimiento y limpieza tanto en la iglesia como en el hogar, además de trabajos en un almacén, una forrajería y venta ambulante.
Las víctimas también hacían “changas” y limpieza en otra residencia, todo bajo su control.
Para la fiscal Mazzaferri, el modus operandi del imputado era sistemático: Tagliabué usaba su rol de pastor y un discurso espiritual para ganarse la confianza de los jóvenes y luego someterlos a una relación de dependencia total.
El “circuito de explotación” incluía la iglesia El Shaddai, una casa lindera, un comedor comunitario llamado El Farolito, un minimercado y una forrajería ubicada sobre la calle Génova. Allí, los jóvenes eran captados, alojados y obligados a trabajar en condiciones precarias, según el relato.
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El control era absoluto: no tenían llaves, no podían salir sin permiso, les retenían los DNI y debían pedir autorización hasta para hablar con sus familias.
La fiscalía remarcó que la supuesta libertad de movimiento era una ilusión: “La libertad de las víctimas estaba totalmente coartada”, afirmó Mazzaferri en su alegato final, y comparó la situación con la de víctimas de trata sexual a las que se les permite salir solo para cumplir con la explotación.
Trabajo forzado y reducción a la servidumbre
“Se han comprobado cabalmente durante el debate aquellos indicadores que permiten acreditar que las víctimas resultaban explotadas con fines laborales a través de la reducción a la servidumbre, como práctica análoga a la esclavitud”, sostuvo tajante la fiscal.
Los jóvenes debían hacer venta ambulante de panificados, productos de limpieza y plantas, trabajar en los comercios del pastor o realizar tareas de albañilería. Todo el dinero era administrado por Tagliabué, que también les descontaba gastos y multas a su antojo.
Ninguno de los jóvenes sabía cuánto dinero tenía realmente a su nombre. “El producto de su trabajo nunca les llegaba a ellos… Todas estas tareas no eran remuneradas, ellos las nombraban como parte del tratamiento”, relató una profesional del Programa de Rescate.
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Una reparación millonaria y el decomiso de bienes
Mazzaferri no solo exigió la condena, sino también una reparación económica para las víctimas: pidió que se les pague un total de 135.738.994 pesos, a repartir según el tiempo que cada una estuvo sometida al circuito de explotación.
Además, pidió el decomiso de dos propiedades en la calle Génova, el predio donde funciona la iglesia, cinco vehículos y dos motos, todos bienes que, según la investigación, fueron usados para captar y explotar a los jóvenes.
“El reconocimiento del derecho a restitución económica y el decomiso de los activos producto del delito de trata de personas permite enfocar los hechos con una doble característica, por ser casos de criminalidad compleja y graves violaciones a los derechos humanos”, sostuvo la fiscal durante su alegato.
La defensa del pastor
El próximo lunes será el turno del alegato de la defensa, a cargo del abogado penalista Mauricio Varela. Desde el inicio del proceso, el letrado sostuvo que “nunca hubo personas privadas de su libertad” y que todos los que pasaron por el lugar “entraban y salían voluntariamente”.
El propio Tagliabue declaró ante el tribunal que “nadie estaba obligado a dar el diezmo” y que el dinero no se guardaba en el lugar por cuestiones de seguridad, debido a los problemas de adicciones de los asistentes.
Tagliabue lleva tres años y tres meses detenido y, según su abogado, “lo viene sufriendo con su cuerpo”. Ahora, el pastor espera que la Justicia “aclare la situación y le devuelva su buen nombre y honor”.
