La jueza Julieta Makintach irá a juicio político por el escándalo del documental “Justicia Divina” que filmó durante el juicio por la muerte de Diego Maradona.
La Comisión del Jurado de Enjuiciamiento aceptó la admisibilidad de la acusación por unanimidad. Es decir, considera que hubo un delito que se puede investigar.
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Con esta decisión, el cuerpo que preside Ulises Giménez determinó la suspensión de Julieta Makintach, por lo que no podrá renunciar. A partir de ahora, Makintach pasará a cobrar el 40 por ciento de su sueldo.
Previamente, el Jurado rechazó los tres planteos que había hecho la defensa de Makintach este lunes para tratar de suspender la audiencia de hoy.
Entre los planteos estaba la recusación a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan, por “falta de imparcialidad”. Además, había anticipado que iría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El abogado de Makintach había planteado que “no se respetó el procedimiento de designación ni los plazos estipulados para reemplazarla, lo que genera una nulidad absoluta del proceso” y afecta la garantía del “juez natural”. Para la defensa, estas fallas podrían causar un “perjuicio irreparable”.
En el tercer y último recurso, Makintach sostenía que el juicio en su contra era parcial mientras no se sumaran los otros dos jueces que conformaban el tribunal en ese momento: Maximiliano Savarino y Verónica Mara Di Tomasso.
En su defensa, la jueza había afirmado que el “registro audiovisual cuestionado” no fue clandestino y era conocido por todos los miembros del órgano.
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La controversia en torno a Makintach se desató luego de que su nombre se vinculara al documental “Justicia Divina”, lo que motivó la anulación del juicio.
En sus argumentos, la jueza reiteró que las imputaciones en su contra son infundadas. Asegura que no intervino en ningún documental sobre el caso, sino que brindó una entrevista antes del juicio, en un día no laborable.
También insiste en que las decisiones del tribunal fueron tomadas en forma colegiada, por lo que no corresponde individualizar responsabilidades en un solo magistrado.
*Con la colaboración de María Fernanda Alonso.
