Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe, fue condenado a 11 años de prisión efectiva por asociación ilícita en calidad de jefe y estafas reiteradas en Salta. Es la segunda pena en su contra por el esquema piramidal que encabezaba y que tuvo ramificaciones en varias provincias. La sentencia fue dictada luego de más de un mes de juicio, en el que declararon cerca de 100 testigos.
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La investigación estuvo a cargo de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, que detectó 118 víctimas en Salta y un perjuicio superior a los 776 millones de pesos.
Para la Justicia, Cositorto lideró una organización con estructuras definidas y roles asignados a familiares y colaboradores.
Además del creador de Generación Zoe, también fueron condenados otros integrantes clave de la red en Salta: Ricardo Gabriel Isaac Vilardel recibió una pena de 7 años de prisión efectiva y Jorge Federico Vilardel fue sentenciado a cinco, ambos considerados autores de los delitos de asociación ilícita y estafas en concurso real y modalidad continuada.

Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz, por otro lado, fueron condenadas a tres años de prisión de cumplimiento condicional. También fueron consideradas coautoras de los mismos delitos. Como parte del fallo, deberán cumplir con reglas de conducta y someterse al Programa de Presos y Liberados de la provincia de Salta.
Durante los alegatos, la fiscal Salinas Odorisio había solicitado una pena de 14 años de prisión efectiva para Cositorto. También había requerido condenas de entre 3 y 8 años para los otros imputados. Si bien la Justicia resolvió otorgar penas menores, mantuvo la calificación de los delitos.
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Cositorto ya fue condenado en Corrientes, tiene otra causa elevada a juicio en Córdoba, una investigación en curso en Rosario y un expediente federal por lavado de dinero en Buenos Aires, que todavía está en etapa de instrucción.
En la provincia de Corrientes, la Justicia lo encontró responsable de 98 hechos de estafa y asociación ilícita. Fue condenado a 12 años de prisión, aunque su defensa ya presentó una apelación.
La fiscal aseguró que el esquema en esta provincia replicó el mismo patrón: una estructura piramidal disfrazada de emprendimiento educativo, con estrategias de captación agresivas, promesas de ganancias desmedidas y recompensas por cada nuevo “inversor” reclutado.