La Justicia ordenó un allanamiento simultáneo en la causa por el fentanilo contaminado, el cual ocasionó hasta ahora la muerte de 53 personas en distintos puntos del país.
El juez Ernesto Kreplak emitió una orden para que la Policía Federal Argentina (PFA) allanara 22 empresarios y compañías en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Rosario, San Nicolás y Ramallo.
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En las últimas horas, el gobierno nacional se presentó como querellante en la causa a través del Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones. El documento se basa en el interés legítimo del Estado para “contribuir al esclarecimiento del caso y garantizar la protección de la salud pública”.
Asimismo, según fuentes oficiales, Salud busca “reforzar la intervención del Estado en una causa de alto impacto sanitario” y fortalecer “la respuesta institucional frente a eventos que comprometen la salud colectiva”.
Fentanilo contaminado: 53 muertes, 90 afectados y una causa judicial que apunta a fallas en la producción
En total hay 90 casos confirmados de personas afectadas por la administración de este potente opiáceo, distribuido en ampollas presuntamente alteradas durante su proceso de elaboración.
El foco de la investigación se concentra en dos lotes específicos de fentanilo que se encuentran bajo alerta sanitaria y fuera de circulación desde que se emitieron las primeras advertencias.
La sustancia fue aplicada principalmente en áreas de terapia intensiva de 19 centros médicos, distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Neuquén y Santa Fe.
Las víctimas habían sido internadas por distintas razones clínicas y recibieron fentanilo como parte del tratamiento paliativo del dolor. Poco después, desarrollaron cuadros infecciosos graves.
La investigación de la Justicia tiene el foco puesto en las firmas Pharma Group S.A. y Ramallo S.A., además de las droguerías vinculadas a ambas. Los lotes investigados ya habían sido objeto de advertencias por parte de la ANMAT, que detectó incumplimientos en las prácticas de manufactura.
