La Provincia de Buenos Aires tendrá que indemnizar con una suma millonaria a la viuda y los hijos de Elio Edgardo Constantino Cajal, un interno asesinado en la Unidad Penal N°44 de Batán el 16 de enero de 2016.
Tras considerar como perjuicios patrimoniales lo relacionado con pérdida de chance, daño moral y daño psíquico, el Juzgado en lo Contencioso N°1 dispuso el pago de siete millones de pesos para la mujer y tres millones y medio de pesos para cada uno de los dos hijos de Cajal.
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La sentencia, que aún no está firme debido a una apelación, reconoce deficiencias en el servicio penitenciario que contribuyeron al trágico desenlace.
Un fallo que busca justicia
Natalia Rivera, viuda de Cajal, presentó la demanda en su nombre y el de sus dos hijos, argumentando que la Provincia no cumplió con su “obligación legal de garantizar la seguridad” de su esposo.
Desde la Fiscalía de Estado, se defendieron alegando que las lesiones de Cajal fueron “imprevistas” y producto de un conflicto entre internos que se resolvió rápidamente.
Sin embargo, el juez Simón Isacch consideró que la violencia en las cárceles es un problema conocido y que el Estado debe garantizar la seguridad de los reclusos.
El crimen
El asesinato de Cajal ocurrió tras una serie de enfrentamientos con otro interno, Emanuel Tonzo, y el líder del pabellón, Víctor Fernández Ale.
Pero la tensión escaló cuando Cajal insultó a Fernández, quien, según testigos, tenía un rol de liderazgo entre los presos y no toleraba armas ni drogas.
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El día del crimen, Fernández Ale atacó a Cajal, lo acorraló y lo apuñaló en distintas partes del cuerpo. A pesar de los intentos de la víctima por defenderse, murió poco después en el Hospital Interzonal General de Agudos.
En el fallo, al que tuvo acceso el portal local 0223, el juez Simón Isacch destacó que, aunque las lesiones mortales ocurrieron en una pelea entre internos, el Estado podría haber evitado el desenlace fatal si hubiera garantizado condiciones adecuadas de seguridad.
La medida fue apelada y aún no se encuentra firme.
