Este lunes se conoció el veredicto por la muerte de 10 residentes en el geriátrico Apart Los Incas del barrio porteño de Belgrano, tras un brote masivo de coronavirus en abril de 2020. La Justicia condenó a los dueños del establecimiento y a la médica que estaba a cargo del manejo del lugar.
La tragedia se produjo a mediados de abril del 2020, cuando la pandemia de Covid-19 recién comenzaba a propagarse en el pais y Sergio Federovisky denunció una situación de abandono total del geriátrico ubicado en Avenida de los Incas y Zapiola.
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El hombre aseguró que durante un fin de semana no hubo médicos, ni directivos, ni personal calificado trabajando. Según dijo, solo un electricista, un empleado de mantenimiento y un enfermero quedaron a cargo de más de una docena de residentes.
La escena terminó en tragedia. Los residentes se fueron contagiando masivamente, las denuncias se fueron apilando y el 21 de abril de 2020 fue la evacuación del geriátrico.
Pero las medidas llegaron tarde: 10 de las 19 personas que vivían en el geriátrico murieron a causa del brote de Covid-19.
Las condenas
Cinco años más tarde, el 19 de mayo pasado, comenzó el juicio en el juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 12 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Juan Manuel Neumann, María Julia Correa y Norberto Circo.
El caso tenía seis imputados, de los cuales cuatro (dos matrimonios) eran los dueños del lugar. La Justicia condenó hoy a Hugo Visca y Luis Daniel Megyes a dos años de prisión y absolvió a las mujeres de ambos.
Las otros dos imputadas eran la directora médica del geriátrico Carla Raffo, defendida por los abogados del estudio jurídico SAB, Gonzalo Allende loza, Catalina Santoro y Ezequiel Briceño, y la ex funcionaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Paula Trunzo.
Raffo fue condenada a dos años de prisión en suspenso y le dieron además 4 años de inhabilitación para ejercer.
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Los hombres condenados y la directora médica estaban imputados por homicidio culposo agravado, lesiones culposas y violación de medidas sanitarias.
Del mismo modo, el tribunal dispuso la reparación económica para los familiares de las víctimas por cuatro millones de pesos.
A lo largo del debate, se presentó documentación que daba cuenta de irregularidades que precedían a la pandemia: historias clínicas sin actualizar, residentes sin control médico y empleados presionados a trabajar aún con síntomas compatibles con Covid.
Durante los alegatos, la fiscalía y las querellas pidieron diferentes penas para los imputados. Para Megyes pidieron entre tres y ocho años de prisión; para Visca y Raffo entre tres y seis años de cárcel; y para Gonzalo y Allegue solicitaron tres años de cárcel. En todos los casos se solicitaron las inhabilitaciones.
Para la exfuncionaria porteña Paula Trunzo pidieron su absolución, pese a que era la persona que estaba a cargo de fiscalizar estas instituciones.
“La fiscalía pidió el desistimiento de la acusación para Trunzo, nosotros adherimos, como también lo hicieron otras querellas, porque la legislación que existía en ese momento no la habilitaba a tomar acción más allá de la que hizo”, dijo el abogado Ignacio Trimarco, representante de varios familiares de las víctimas.
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Por otra parte, las defensas de todos los acusados pidieron la absolución de sus clientes al alegar una situación de fuerza mayor por tratarse de una pandemia global.
