Más de 50 denunciantes, una veintena de sociedades por todo el país, una “década de estafas” y números que rozan los US$25 millones. Todo eso se desentraña de una megaestafa inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires que, además, involucra a un clan familiar que ya está detenido.
La empresa de construcciones Induplack comenzó a operar en el mercado inmobiliario porteño por el año 2012. Ofrecía obras de pozo con cuotas pesificadas que atraían a los pequeños ahorristas que buscaban tener una casa propia.
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Más de una decena de obras en distintos puntos de la Capital Federal formaba parte de la oferta que presentaba la empresa. Calles como Caaguazú, Ruiz Huidobro y hasta la avenida Rivadavia formaban parte del catálogo.
Por aquella época las obras avanzaban con cierta celeridad, lo que provocó que la constructora ganara atractivo entre los potenciales compradores. “Es una empresa que tenía un nombre en CABA y la gente tenía la confianza depositada hace tiempo”, comentó a TN el abogado de una buena parte de los denunciantes, Fernando Madeo Facente.
Los problemas comenzaron varios años después, cuando los avances dejaron de ser lentos y pasaron a ser nulos. Las quejas eran cada vez más frecuentes porque Induplack no entregaba los departamentos.
Las denuncias poco a poco se fueron apilando por distintos lados. Por un lado, en el fuero civil, los compradores los enfrentaban con expedientes por daños y perjuicios y escrituración. En redes sociales, directamente, los exponían. Otros fueron a la justicia penal.
Tiempo después los denunciantes se percataron de que no estaban solas en la estafa, que había muchas más personas en la misma situación. Fue entonces que armaron un grupo por redes sociales.
“¿A vos también te vendieron este departamento?“, “Es el mismo que el mío”, “A mí me vendieron uno de un edificio que nunca se empezó a construir”, fueron algunas de las frases que invadieron el grupo de WhatsApp.
Catamarca, Tierra del Fuego, Tucumán, Misiones, Salta y Córdoba son algunas de las provincias que se mencionaron en aquella conversación, donde también se presentaron casos con más de una década de antigüedad.
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“El 80% de mis representados no es gente adinerada, la gran mayoría compraba su primera vivienda con fruto de su salario. Es gente laburante que perdió todo en esto. Mucha gente triste, frustrada, tenía la esperanza de acceder a la primera vivienda con esto", detalló Madeo Facente.
La causa penal que investiga todas las denuncias se originó en 2020, en plena pandemia. El caso cayó en el juzgado N°40 de la jueza Paula González, y es investigado por la fiscal Mónica Cuñarro.
Desde entonces, todas las denuncias que se sumaron con el paso del tiempo siguieron el mismo curso: cayeron en un juzgado que se declaró incompetente y lo enviaron a la jueza González para que aglutine a todas las denuncias.
La investigación avanzó con los meses y fue directo contra la empresa Induplack, cuyo dueño es Vito Antonio L´Abbate, y donde trabajan sus tres hijos: Emanuel Andrés, Santiago y Juan Ignacio.
El apoderado Patricio Gastón Flores es acusado de derivar a determinadas inmobiliarias los diferentes edificios en construcción. Los dueños de esas inmobiliarias serán llamados a indagatoria en las próximas semanas.
Con todos esos involucrados, la carátula de la causa cambió: a la ya conocida estafa, se le sumó el delito de asociación ilícita.
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El 10 de abril de este año, el patriarca del clan se entregó ante la Justicia. Lo hizo 48 horas después de que la jueza González dictara el procesamiento con prisión preventiva. Luego se presentaron sus hijos y su apoderado.
“No tenemos ninguna duda de que se trató de una estafa y hay varios indicios que nos guiaron a eso. El mismo departamento se vendió a muchas personas y eso dejó en claro que se trata de algo premeditado”, señaló Madeo Facente.
Pero la clave, para el abogado, fue la incorporación de la asociación ilícita en la causa. “Ellos van presos por este delito, porque la jueza considera que hay peligro de fuga. Además, si la causa no concurriera por ese delito, algunos casos podrían estar prescriptos”.
El pasado 1° de mayo, la familia L´Abbate pidió la excarcelación y la jueza se la denegó. Se espera que apelen ante la Cámara de Casación.
“No creo que corran buena suerte, van a afrontar el proceso penal detenidos, y con la expectativa de quedar varios años presos si siguen sumándose víctimas”, dijo el abogado.
En paralelo al rechazo de la excarcelación, la jueza le embargó los bienes a todos los acusados por las más de 50 estafas. Fuentes vinculadas a la causa señalaron que el valor del daño podría ascender a US$25 millones.
Más de 20 sociedades por todo el país
Mientras siguen apareciendo denuncias, la Justicia investiga una trama de sociedades vinculada con el clan L´Abbate.
Según consta en la causa, desde el año 2008 que los imputados están vinculados en 23 sociedades distintas de todo el país: 14 de esas 23 se constituyeron formalmente a partir de 2019, año en el que ascendió la cantidad de denuncias por estafas.
En 2021 se creó Coti Fun S.A. y al año siguiente se constituyó Magic Party S.A. En 2023 se crearon otras siete sociedades, de las cuales cinco se inscribieron el 21 de junio y las otras dos, el 31 de agosto.
Así aparecieron Vision Home S.A, Premium Home S.A, C.E Import S.A, Full Home S.A y Beauty Glam S.A, Integral Home S.A y Metro Arq S.A. Sus nombres nada tienen que ver con el negocio inmobiliario.
“Existían sociedades mediantes las cuales ellos desviaban fondos, ellos tenían muchos testaferros y ponían las propiedades a nombres de ellos", señaló Madeo Facente, quien advirtió que podrían abrirse nuevas causas por eso.
Al menos siete sociedades constituidas entre 2021 y 2023 tienen la misma sede social y los mismos integrantes del directorio. Las preside la esposa de Emanuel L’Abbate, quien, a su vez, era el director suplente.
Emanuel fue el único imputado que dio explicaciones luego de que su padre y sus hermanos se negaran a declarar. Pero en ningún momento habló de la estafa, solo dio detalles sobre las sociedades.
El 15 de abril pasado, presentó un descargo donde justificó la proliferación de empresas al explicar que en el año 2018 sufrieron un default por 14 millones de dólares, por lo que empezaron a vender activos de la familia para evitar un concurso de acreedores.
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“El concurso nunca fue una alternativa moral porque todos pierden. Por eso seguimos construyendo y generando ganancias, y la única manera era creando nuevas empresas para poder seguir ejecutando la construcción de los edificios”, señaló.
La fiscal no creyó en su testimonio y aseguró en su pedido a la jueza González que la creación serial de nuevos negocios no es “ni más ni menos que otra maniobra defraudatoria de la asociación ilícita, pues lo que el imputado menciona como “generar ganancias”, no era más que un autofinanciamiento a través de la reventa de unidades”. TN intentó comunicarse con el abogado de los detenidos, Alejadro Drago, pero al cierre de esta nota no tuvo respuesta.
