Arranca en los márgenes del riachuelo, a metros del Puente La Noria, y abarca casi 20 hectáreas. La Salada no es solo una feria, es una ciudad paralela dentro de Lomas de Zamora que mueve miles de millones de pesos por año, incluso mucho más dinero que cualquier shopping del país. Pero detrás del universo informal se esconde una trama de negocios ilegales, sociedades fantasmas y contactos políticos que mantuvieron el negocio a flote durante más de tres décadas.
A Jorge Castillo, “el Rey de la Salada”, lo conoce todo el país, ya sea por sus declaraciones polémicas o por su perfil mediático, pero no es el único que recaudó una fortuna en estos 30 años desde que La Salada se instaló en el sur del conurbano bonaerense. Existen otros tres empresarios que son dueños del predio tanto como Castillo y no solo son socios accionistas, sino que también se disputan una guerra por ver quién tiene el control.
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Una de las personas que está involucrada en la mega causa por evasión y lavado de dinero es Enrique “Quique” Antequera, administrador de los predios Urkupiña y Ocean. El histórico fundador de La Salada junto con Castillo está prófugo desde el 23 de mayo, cuando la Justicia Federal allanó su casa y la de casi 20 implicados más, que serían todos del mismo clan familiar.
Al hombre no lo encontraron, pero sí cayeron detenido sus hijos, Alan y Lucas Gonzalo. Ambos son propietarios de la firma Alkiluce S.A., con la cual administraban la feria y los puestos en alquiler. También instalaban las cortinas metálicas, las mamparas y todo el material que se usara en su interior. El fiscal Luis Armella sospecha que eran parte del entramado de corrupción por el cual habrían evadido más de 30 mil millones de pesos en cuatro años.
Pero Antequera padre está en el ojo de la Justicia desde hace al menos una década, cuando tuvo un conflicto con Castillo, que terminó por sepultar la poca relación que tenían. Fue después de una disputa por el manejo de las calles alrededor del predio en Ingeniero Budge.
Según surge de una causa que investigó el fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, “Quique” había mandado a barrabravas de Boca Juniors a “apretar” al Rey de la Salada para que frene el avance de los puesteros que se habían instalado sobre el Camino de la Rivera.
Fue condenado en 2022, junto a una decena de barras que estaban vinculados con Rafael Di Zeo. Después de cumplir condena, salió en libertad y volvió a administrar la feria, aunque la mayor presencia la tenían sus hijos, que, como se mencionó, habían conformado una sociedad para poder manejar todo sin tener que depender de su padre.
Los otros dos empresarios involucrados en la causa son Aldo Presa y Antonio Corrillo Torrez, inscriptos en la sociedad en comandita por acciones de Punta Mogote S.C.A. junto con Jorge Castillo. Ambos supieron copar el negocio cuando “el Rey” cayó detenido en 2017, en su mansión del barrio privado Haras Argentino de Luján, durante un polémico operativo en el que se resistió al arresto a escopetazos.
Tanto Presa como Torrez, a quienes no se le conoce la cara, tenían el poder de uno de los predios más importantes de La Salada y aprovecharon la ausencia del “jefe”. “Cuando el gato no está, los ratones se divierten.
Así, de la noche a la mañana, se quedaron con Punta Mogotes”, deslizó una fuente de la causa a TN, quien además aseguró que ese fue el punto de inflexión para que Castillo y los empresarios se enemistaran. Su relación no es buena desde entonces, y el motivo es porque detrás de esa maniobra hay millones de pesos en juego.
Y en esa fortuna entra el rol de la hija de Aldo Presa, Guadalupe. La contadora era la encargada, según la acusación de la fiscal Cecilia Incardona, de manejar la información contable y los balances de las múltiples sociedades que tenía la familia. Una de ellas era UNIFAP S.A., una empresa que tenía como actividad declarada la de servicios inmobiliarios y de la cual se hizo cargo en 2019, cuando su padre renunció a la presidencia.
En una de las escuchas que fue incorporada a la causa, la hija de Presa lo llamó por teléfono para comentarle qué iba a hacer con los 42 millones de pesos que habían sobrado en enero del año pasado durante una rendición de cuentas. De acuerdo al expediente, ese dinero habría sido girado a un fideicomiso creado en los Estados Unidos, más precisamente en Wyoming, al este con Dakota del Sur.
La mujer fue detenida durante el operativo que hizo la Federal a fines de mayo en su estudio del barrio de Saavedra, pero como está embarazada le dieron el beneficio del arresto domiciliario. Para Incardona, ella sería una parte importante dentro de la supuesta asociación ilícita que habrían conformado para lavar dinero a través del mega holding.
¿Y Castillo?
Jorge Castillo también quedó detenido en el marco de los múltiples allanamientos. Fue apresado en su casa de Open Door, la misma donde había sido arrestado en 2017 cuando lo acusaron de intentar matar a un policía. Pero esta vez no opuso resistencia y se dejó esposar. Llamó a su abogado de confianza, César Albarracín, y se puso a disposición de la Justicia. Hoy está preso en la Alcaidía de Madariaga.
A pesar de que Albarracín lo defendió en la causa penal anterior por la tentativa de homicidio al policía, el abogado contó a TN que no lo representa en esta última acusación por tratarse de un tema económico y patrimonial. La semana pasada, la Justicia allanó su estudio porque consideró que podía tener algún documento que pueda ayudar a la investigación, pero los resultados fueron negativos.
Castillo ya tenía un procesamiento previo por el delito de evasión, al cual llegó a un acuerdo con ARCA y acogió a un plan de pagos hace dos meses, por lo cual estaba excarcelado. También logró zafar de la cárcel por la causa por el intento de asesinato del policía, ya que se comprobó que actuó en “legítima defensa” porque pensó que habían entrado a robar a su casa y que los efectivos no se identificaron.
Ahora, enfrenta una nueva imputación por lavado de activos. La fiscal Incardona lo mandó a allanar y en su caja fuerte del shopping Unicenter secuestraron 800.000 dólares en distintos fajos de mil. En su casa también hallaron armas, que según Castillo están registradas, autos de alta gama, y alrededor de 200 millones de pesos.
En ese procedimiento también quedó detenida su esposa, Natalia Paola Luengo, su suegra Margarita Nilda Arrieta (a la que le dieron domiciliaria esta semana) y otras 15 personas más. A las pocas horas, se entregó su hijo, Manuel Castillo. Todos ellos habrían formado al menos 25 empresas, constituidas en la Argentina y también en Panamá.
Para Castillo, es un intento más de bajarlo y asegura que es un preso político, que está siendo perseguido por el Gobierno, que “quieren terminar a toda costa con La Salada”. Del otro lado, para la Justicia, el hombre supo recaudar una fortuna no solo con la administración de La Salada, sino además por todas estas firmas que fundó a su alrededor. Desde el rubro textil, hasta viñedos en Mendoza, llegó a ser uno de los empresarios más poderosos de la venta informal de la Argentina.
La Salada cerrada y casi 30 mil personas sin trabajo
Actualmente, el predio de Ingeniero Budge tiene más de 8 mil puestos y le da trabajo a más de 30 mil familias que pagan cerca de 180 mil pesos por día para vender sus productos. Algunos son truchos y cuestionados por las grandes marcas, mientras que otros provienen directos de fábrica o son de producción propia.
El cierre de la feria convocó a los puesteros a manifestarse en las últimas semanas y a cortar el Puente La Noria para hacer oír su reclamo: que vuelva a funcionar La Salada. Pero la Justicia es lenta y el problema de fondo va a tardar en solucionarse. Mientras tanto, proponen una salida con la que podrían recuperar sus puestos de trabajo.
En las últimas horas, desde el Gobierno presentaron un pedido para formar una mesa interinstitucional ante el juez federal Luis Armella. Pero el magistrado corrió vista del reclamo a la fiscal Incardona quién es la que tendrá que decidir si hace lugar o no.
La idea es que los trabajadores puedan reabrir distintas ferias y establecer un depósito fiscal que permita seguir cobrando los alquileres más allá de lo que resulte del expediente judicial. Ellos no exigen demasiado, solo volver a tener su principal ingreso, como lo hacían hasta fines de mayo, cuando cerró preventivamente el predio. Muchos de ellos facturaban con monotributo y pagaban su alquiler mensual.
Mientras las protestas siguen, algunos se instalaron en la calle Avellaneda, en el barrio de Flores, donde siguen vendiendo sus productos, tanto al menor como al por mayor, ya que miles de locales de ropa y otros accesorios se abastecieron durante más de tres décadas en lo que hasta hace un mes fue la mayor feria informal de Latinoamérica.
