Una mujer recibió accidentalmente $510 millones por parte del Gobierno de San Luis y ahora está en la mira de la Justicia. Verónica Acosta esperaba una transferencia de $8000 por parte del papá de uno de sus hijos y cuando entró al sitio web del banco advirtió que le habían depositado un monto mucho mayor.
El hecho ocurrió en la localidad de Villa Mercedes. La acusada compró electrodomésticos, comida, cerámica para el piso, una mochila para el inodoro, ropa para sus hijos y hasta le hizo transferencias a sus familiares para cubrir las necesidades. Al día siguiente, allanaron su casa y la detuvieron.
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Verónica contó a los medios que nunca dimensionó la gravedad de la situación. De hecho, en un principio creyó que se trataba de 500 mil pesos y después se dio cuenta de que eran millones.
La mujer es madre de cuatro hijos y su familia es muy humilde. Según dijo, lo primero en lo que pensó fue en cubrir las necesidades de su familia. “Me encuentro con este dinero y con tanta necesidad, me fui a hacer compras y ayudé a mi familia. Pensé que era un regalo de Dios”, expresó.
La mujer no gastó la totalidad del dinero: “En total, fueron 44 millones aproximadamente”, reveló en una entrevista con Telenoche. La fiscalía, por su parte, informó que la acusada realizó 66 transferencias por montos de $500 mil aproximadamente, y que ya se recuperó el 90% del dinero.
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Durante el allanamiento, se secuestraron todos los elementos de interés y varios celulares que eran propiedad de los distintos miembros de la familia. La detuvieron a ella y a otros cinco familiares. “Al final, los quise ayudar y los perjudiqué”, lamentó.
La mujer está acusada de fraude, estafa y retención indebida de los fondos del Estado, sin embargo, su abogado, Hernan Echeverría, aseguró que ella no cometió ningún delito: “Ella es acusada de defraudación con tarjetas de débito y de crédito, pero ella era titular de esas tarjetas, por lo que estaba habilitada a usarlas".
“Además, está imputada por estafa, pero ella no causó esta situación, entonces no califica como estafa. Y otra es la de retención indebida de los fondos del Estado, pero nosotros entendemos que para que pase esto tiene que haber una notificación, eso nunca pasó”, explicó el abogado.
Ahora, la Justicia le exige una fianza de 30 millones de pesos para evitar la prisión preventiva, una medida que el Echeverría calificó como desproporcionada: “Ella misma lo dijo: ‘Pensé en la necesidad de mis hijos y de mi familia’. Ellos son muy humildes y tienen toda la intención de llegar a un acuerdo para solucionar este problema”, concluyó.
