Un hombre de 61 años está siendo investigado por un caso de zoofilia en Goya, tras la denuncia de su vecina que asegura que abusó sexualmente de su mascota, una perra mestiza llamada Zulaica. En las últimas horas, la Justicia lo liberó y le prohibió acercarse al animal a menos de 20 metros.
La medida de restricción fue solicitada por el fiscal José Omar Caseré, ante el juez de Garantías, Lucio López Lecube, quien sostuvo que podría afectar a la causa y mencionó el temor que tiene la denunciante de cruzarse con el acusado.
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El hecho ocurrió el lunes y fue denunciado en la comisaría Sexta de Goya. La mujer manifestó en su declaración que el hombre cruzó a su casa y abusó de su mascota, la cual tuvo que llevar a la veterinaria porque quedó afectada. También contó el “estado de angustia y miedo que siente por ella, su familia y por su perra Zulaica”, y refirió que el imputado presenta un “alto grado de agresividad” e incluso habría intentado incendiar casas de vecinos en otras oportunidades, lo que la llevó a presumir como “altamente probable que la vuelva a hostigar, agredir y/o amenazar”.
Al no solicitar la prisión preventiva, el fiscal Caseré pidió que la orden de restricción se hiciera extensiva a la “persona no humana”, es decir a la perra, y argumentó que Zulaica fue “víctima de actos de crueldad”.

Para el funcionario, el hecho se trató de “una forma de violencia que recae sobre el cuerpo del animal, produciendo graves consecuencias, inclusive la muerte”. El objetivo, remarcó el fiscal, es “evitar toda exposición a la violencia durante el proceso”.
Tras el pedido, el juez López Lecube concedió la medida y ordenó la liberación del acusado. La resolución judicial establece la “prohibición de acercamiento a una distancia no menor a los 20 metros, respecto de la denunciante”, según el fallo publicado por El Libertador.
Tampoco podrá estar cerca de “la familia de la denunciante y su animal no humano de nombre ‘Zulaica’, y de su domicilio, y/o de los lugares que la misma frecuenta”. Además, se le prohíbe al acusado “tener contacto de ningún tipo, por sí o por interpósita persona, por el término de 180 días” con posibilidad de extender el plazo.
A pesar de estas medidas, la liberación del acusado causó la indignación de la denunciante, quien esperaban una resolución más severa. Teme por su seguridad y la su mascota.