Los docentes no solo enseñan contenidos en el aula, también acompañan a sus alumnos en situaciones de vida difíciles, complejas y, en algunos casos, devastadoras, hasta el punto de poner en riesgo sus propias vidas. Uno de los casos más trágicos y recordados en la comunidad educativa ocurrió en 2018, en Rosario, cuando la maestra Vanesa Castillo fue asesinada brutalmente después de haber denunciado el abuso de una de sus alumnas.
Su historia, que se convirtió en un símbolo de lucha para los docentes en la provincia de Santa Fe, dio lugar a un importante proyecto de ley, conocido como la Ley Vanesa, cuyo objetivo es proteger tanto a los niños como a los agentes estatales que se vean involucrados en la denuncia de violencia sexual. Sin embargo, la iniciativa quedó trunca y nunca se aprobó en la legislatura.
Vanesa Soledad Castillo era una maestra de 32 años que trabajó casi toda su carrera en la escuela “Victoriano Montes” en el barrio Alto Verde, en la ciudad de Santa Fe. Además de ser “una docente ejemplar”, como la decribieron sus colegas, también mostró una gran empatía por sus estudiantes.
A fines de diciembre del 2017, antes de finalizar el ciclo lectivo, una alumna menor de edad le contó que había quedado embarazada después de haber sido abusada sexualmente. Ella era la única que lo sabía, porque la chica tuvo miedo de contárselo a su familia y encontró en la maestra un refugio que no había hallado en su casa. Vanesa no dudó: al conocer el nombre del abusador, inició un protocolo en la institución educativa para denunciarlo. Luego fue llamada por la fiscalía del Ministerio Público de la Acusación, para ratificar lo que había dicho en el acta de protocolo. Gracias a eso, el acusado quedó detenido a los pocos días y ese habría sido el detonante del trágico final de la maestra.
Al año siguiente, el 15 de febrero del 2018, ni bien comenzaron las clases, un hombre identificado como Juan Ramón Cano se acercó hasta la puerta del colegio, esperó a que Vanesa saliera en su moto y la detuvo con una excusa poco creíble: le dijo que le quería vender un par de ojotas. Vanesa le agradeció, no las compró y trató de seguir su camino. Pero Cano se abalanzó sobre ella y la apuñaló al menos 13 veces en distintas partes del cuerpo. La maestra no resistió a brutal ataque y murió camino al hospital Cullen.
A Cano lo condenaron a perpetua en 2020 como autor material del homicidio calificado por alevosía y ensañamiento, y por mediar violencia de género. Para la familia de Vanesa, se hizo justicia “a medias” porque aseguran que el autor intelectual del plan criminal fue la persona a la que ella había denunciado dos meses antes por abuso sexual contra su alumna.
Nadie indagó la relación entre ambos hechos, pero el culpable confesó en el juicio que fue un crimen por encargo. Dijo que lo mandaron a “sicarear”, pero su declaración no fue tenida en cuenta. Por eso, ahora los familares de Vanesa exigen que la Justicia siga investigando este femicidio como parte de una venganza.
“Cuando Vanesa fue asesinada el abusador ya estaba detenido, porque tuvo un juicio abreviado con una condena de 13 años. Nosotros creemos que él es el que planeó el asesinato, pero nunca se investigó esa hipotesis”, explicó Silvia Castillo, la hermana de Vanesa. Ella fue quien encabezó desde el principio el pedido de justicia y quien impulsó que se abra una causa paralela respecto al presunto autor intelectual del femicidio.
“Logré que la investigacion continuara porque el propio hombre declaró de manera informal, dijo que habia sido sicario, que lo habian contratado para sicarear. Esa declaración quedó grabada en una de las audiencias del juicio, pero no fue tomada en cuenta porque creen que lo hizo para zafar de una pena mayor”, contó.
“Pedí instar a la accion penal al Ministerio Público de la Acusación y, en 2023, Cano fue citado a indagatoria en condición de testigo, donde volvió a afirmar sus dichos y hasta contó cuánto le habían pagado para matar a mi hermana. Lamentablemente, no continuó la investigación porque yo ya no me habia presentado como querellante porque no podía solvertrar otro abogado. Para colmo, hubo un cambio de fiscal, que le importó muy poco indagar en esta hipótesis. Ahora, ya casi no tengo fuerza y espalda emocional para afrontar este proceso, porque la respuesta de la Justicia es agresiva para mi salud”, lamentó.
Silvia, además de pasar por un momento doloroso con la pérdida de su hermana, tuvo que pasar por una situación dificil tras el juicio contra Cano. La abogada que la representó le demandó las costas de sus honorarios y tuvieron que hacer una colecta para pagarlas. También recibió ayuda del Ministerio de Género y Diversidad, cuando todavía existía, porque la cifra rondaba el medio millón de pesos en 2023.
“Me estaban por embargar la casa de mi mamá, y por eso no tuve resto para poner otro abogado para seguir peleando por la otra causa para saber si fue el instigador. Como no tenemos abogado, no hay posibilidad de reclamo, es un desgaste personal al que no estoy en condiciones de afrontar”, reiteró.
Ahora, Silvia se está ocupando la salud de su sobrina, la hija de Vanesa, que ya cumplió 18 años. “Ella recibió la Ley Brisa y tuvimos que esperar el juicio para cobrarlo. Ahora estamos dando la batalla que el Gobierno provincial de Santa Fe le pague el seguro de indemnización que le corresponde por el asesinato de su mamá. Ella fue asesinada en la puerta de la escuela y le corresponde al Estado responder. Es irracional que desde el Ejecutivo no cumplan con ese resarcimiento”, reclamó.
La lucha por la ley Vanesa
A partir del femicidio de Vanesa Castillo, familiares y organizaciones de la sociedad civil empezaron a exigir un marco legal que protegiera a los docentes y trabajadores de la educación, que son los primeros en recibir las denuncias de abuso sexual y violencia en las infancias.
Así nació la Ley Vanesa, un proyecto legislativo que, aunque fue presentado a nivel provincial, quedó estancado en las comisiones y nunca llegó a ser sancionado. La exdiputada Agustina Donnet, quien presentó la iniciativa en 2020, contó a TN los detalles de la propuesta que podría haber cambiado el destino de muchas víctimas de abuso.
“El proyecto de la Ley Vanesa fue una iniciativa impulsada por familiares, amigos, docentes y organizaciones que trabajan por los derechos de los niños, a partir del asesinato de Vanesa Castillo. Si bien por el femicidio fue detenido, juzgado y condenado Juan Ramón Cano, todos ellos hicieron un llamado de atención a la sociedad y sobre todo hacia el Estado, respecto de la falta de una herramienta legal que permita evitar que se reiteren este tipo de situaciones, para que no haya más Vanesas”, agregó.
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En ese aspecto, sostuvo: “Si bien hay un decreto provincial que establece un protocolo a seguir, está claro de que no funciona, que no contempla múltiples situaciones que hacen a la comunidad educativa al día a día y por eso se impulsó este proyecto”.
Donnet presidió la comisión rectora del proyecto en la Cámara de Diputados, desde la cual se realizó todo un trabajo de audiencia públicas, donde expusieron y debatieron distintos actores del Estado. Principalmente, fueron convocados trabajadores de la educación, sindicatos, colegios profesionales, pero además funcionarios judiciales como jueces y fiscales.
“Son los que a menudo recepcionan las denuncias, hacen el acompañamiento a los familiares, a los afectados o damnificados por este tipo de situaciones y que además tienen el pleno conocimiento también de los distintos casos que van sucediendo en el tiempo y, por lo tanto, es importante que tengan voz y parte, porque se trata un tema de tamaña seriedad como es el caso de los abusos sexuales infantiles”, contó.
“Consideramos en estos dos años de trabajo numerosos aportes, insumos, críticas y y toda una serie de elementos que fueron aportando quienes participaron de esas audiencias públicas y nos permitieron llegar a un texto final, a una propuesta de proyecto de ley Vanesa”, dijo Donnet, quien además detalló que la iniciativa tiene tres ejes fundamentales.
“En primer lugar se establece un programa de protección y prevención de la violencia de niños, niñas y adolescentes, con sus debidas articulaciones y responsabilidades que tienen que llevar adelante los distintos poderes del Estado y, en particular, la autoridad de aplicación como ente o como espacio que debe, al mismo tiempo, ser responsable de garantizar las acciones coordinadas dentro de todas las esferas que compiten al Estado. Acá no solamente hay que tener en cuenta las responsabilidades que hacen al Ministerio de Educación, sino de Salud, de Desarrollo Social, etc.”, informó.
“Esto queda establecido así en el programa de protección y de prevención de la violencia para los niños, niñas y adolescentes, además de garantizar cuestiones específicas como, por ejemplo, la minimización del tiempo que transcurra de la toma del conocimiento del hecho, a la realización de la entrevista de declaración testimonial, cuestiones específicas relacionadas a la Cámara Gesell, o a la preservación del interés superior del niño en este aspecto”, dijo Donnet.
En segundo orden, establece es un programa de protección y de apoyo a las personas adultas que participen tanto en carácter de denunciantes, como fue el caso de Vanesa Castillo, como de testigos y de acompañantes durante los procesos.
“Esto es muy importante porque lo que se evidencia es una gran desprotección de quienes deciden acompañar a los niños o a los adolescentes en estas denuncias. Por ejemplo, no se garantiza el anonimato y no dispone de medidas de protección, tanto sea de licencias inmediatas, como de traslado, o de reserva de la identidad. También contempla una asistencia integral en términos jurídicos a esa persona”, enfatizó.
En tercer lugar, la iniciativa propone crear un observatorio provincial único: “Esto resulta elemental porque, para que haya una política pública real y concreta, se necesitan números, datos y tener conocimiento sistematizado de todos los casos que suceden. Permite precisamente la recolección, la producción, el registro y la sistematización de toda esa información que se detecta a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Santa Fe con el objetivo de erradicar todos los casos de abuso”, explicitó Donnet.
Además, detalló: “El observatorio tiene dentro de sus funciones el impulso del desarrollo de estudios y de investigaciones, la celebración de convenios de cooperación con organismos específicos que puedan colaborar a los fines de la ley, mantener una red de información que sirva como insumo a los organismos públicos que estén involucrados en para adelante esta política, mantener una base de datos actualizada, crear acciones también articuladas con organismos gubernamentales que tengan competencia, por ejemplo, en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes y algunas otras cuestiones también que son importantes y que hacen a a las funciones del observatorio”.
“Lamentablemente este proyecto hoy no cuenta con estado parlamentario porque quienes conformábamos el bloque Igualdad junto con Rubén Justiniani no tenemos representación legislativa y ningún otro bloque lo ha tomado ni le ha dado impulso, siendo que fue un proyecto construido de forma de forma muy seria y responsable, con múltiples actores y actrices que participaron en en este tema”, denunció.
“Hablo desde especialistas, pasando hasta los defensores del pueblo, defensora del niños, niñas y adolescentes en su momento, responsable de los distintos ministerios en áreas intervinientes en este tema, tanto de educación como de salud, de desarrollo social, en particular la Secretaría de Niñez, pero también jueces, fiscales colegios profesionales, organizaciones interesadas y que trabajan en la materia. Todos hicieron hincapié de forma unánime en la necesidad de un protocolo preciso que que lleven adelante los distintos organismos del Estado cuando un agente toma conocimiento de un caso de abuso sexual infantil”, remarcó.
“La iniciativa -contó la legisladora- se construyó participativamente, se generaron propuestas, se cambiaron visiones de un gran número de organizaciones y de personas comprometidas en la temática. Sin embargo, este proyecto nunca llegó a tratarse en el recinto y nunca llegó a tener sanción definitiva de la legislatura de la provincia de Santa Fe, con lo cual nosotros a quienes hoy son representantes de la provincia a que lo hagan, a que tomen este tema y que le den una respuesta a muchísimas personas que aún el día de hoy siguen tomando conocimiento y que, lamentablemente, se encuentran en una situación de absoluta desprotección respecto a un Estado que no les da ningún tipo de seguridad”.
“No hablo solamente de la seguridad en términos personales, de una inseguridad jurídica, de acompañamiento, a quien decide denunciar un delito, a quien tiene además el deber de denunciarlo para proteger su integridad personal y familiar, y también de la víctima, porque acá cuando se detecta un caso de vulneración de derecho a ese niño, niña o adolescente, hay que darle un marco también de seguridad que evite la revictimización”, sostuvo.
Donnet lamentó que, desde el femicidio de Vanesa, nada se haya modificado. “Todo esto hoy no está siendo garantizado por parte del Estado provincial, con lo cual la situación no ha cambiado lamentablemente desde el asesinato de Vanesa hasta acá y, por eso, su hermana Silvia Castillo, que es la principal impulsora y el motor de esta de esta proyecto de ley, sigue pidiendo no solamente la justicia para su familia, que es que quien mató a Vanesa esté preso, sino también que el Estado revierta esta situación y que no vuelva a ver ningún otro tipo de Vanesa”, expresó.
A pesar de los obstáculos a nivel provincial, la Ley Vanesa sigue siendo una esperanza para aquellos que luchan por proteger a las infancias vulnerables y a quienes se arriesgan para denunciarlas. En 2023, el proyecto de ley fue retomado por algunos legisladores, quienes prometieron elevarlo al Congreso Nacional para que se debata a nivel federal.
En cuanto al futuro de la ley, Donnet es optimista, pero también crítica: “Estamos luchando para que se visibilice la necesidad de esta ley, pero sigue siendo una lucha constante. Es fundamental que el Estado tome cartas en el asunto y proteja a los docentes, ya que son ellos quienes a menudo asumen el rol de defensores de los derechos de los niños”.
El impacto de la ESI y el rol de las ONG en la formación docente
Uno de los ejes cruciales en la lucha contra el abuso infantil es la Educación Sexual Integral (ESI). Según datos del Ministerio Público Tutelar, el 22,8% de los menores que pudieron hablar sobre los abusos sufridos lo hicieron gracias a la ESI. Ese porcentaje lo hizo recién un año después de transcurrido el hecho.
Por otro lado, en el informe publicado en 2024, detallaron que un 18,4% de los menores víctimas de abuso confiaron el hecho a sus docentes o personal de la educación por primera vez, es decir, 1 de cada 5 casos.
La Ley Vanesa no solo propuso una protección para los docentes, sino también la necesidad de un programa integral de formación en estos temas. Sin embargo, Yama Corin, referente de la ONG Mundanas, explica que el Estado recortó los espacios de formación para los profesionales de la educación, dejándolos sin herramientas suficientes para identificar y actuar frente a situaciones de abuso. “Cuando acompañamos a los docentes, ellas nos dicen que lo hacen por voluntad propia, porque no tienen formación obligatoria en este ámbito”, contó en dialogo con TN.
Por otro lado, las organizaciones no gubernamentales fueron fundamentales en el acompañamiento a los docentes y las víctimas, brindando capacitaciones y apoyo constante. “El trabajo de las ONG es clave, porque si no hay quien acompañe a los docentes, muchas veces el miedo o la falta de conocimiento impide que se realicen las denuncias”, destacó.
TN también se comunicó con Renata Vismara, maestra de la Ciudad de Buenos Aires que además forma parte de Mundanas. “La realidad es que, desde que se dicta ESI en las escuelas, se multiplicó por un 500 por ciento la cantidad de denuncias. No tiene que ver con que antes no haya existido el abuso sexual, sino con que no existían los mecanismos para denunciar. El 90% de esas denuncias fueron después de alguna actividad de ESI”, señaló.
“Por eso a nosotros nos parece que es tan importante visibilizar y darles la voz a los pibes y a las pibas para que puedan contar lo que están pasando y poder pedir ayuda, que es como lo esencial”, aseguró.
“Tanto en Ciudad de Buenos Aires, como en la Provincia y en casi todas las jurisdicciones, hay un protocolo propio, con lo cual -ante la retirada del gobierno nacional en la defensa de los derechos de niños y niñas- ese punto no se vio tan resentido porque los protocolos siguen vigentes. Lo que está pasando es que como no hay presupuesto para nada, una docente va a hacer la denuncia y no obtiene una respuesta favorable”, detalló.
Renata contó un caso que las indignó: “Hace poco nos pasó tener que llamar al SAME y llevar una niña a acompañarla al hospital porque la situación era muy grave. Nos quedamos hasta las 11 de la noche en la escuela y no se consiguió nada, porque la nena volvió a su casa. No hubo una intervención concreta”.
“Lo otro que pasa es que se elevan los expedientes, las alertas, todo lo necesario, pero no siempre hay un accionar y no siempre se garantiza que los niños o las niñas que han sufrido alguna vulneración no vuelvan a las casas, donde están sus violentadores. Eso es hoy quizás lo más preocupante”, remarcó.
“Esto conlleva un desgaste en la docencia porque, saber que vos estás devolviendo a ese nene o nena que te pidió ayuda a la casa en donde sufrió la vulneración, es una situación de muchísima angustia y de desprotección absoluta para los docentes y las docentes”, reclamó.
Otro de los puntos críticos del protocolo de actuación es la falta de protección ante una denuncia. “Muchas veces, cuando las escuelas hacen la denuncia, se activan protocolos y todo lo que corresponde, pero después los denunciados hacen contradenuncias y se separa a los docentes del cargo. En eso se advierte una nueva vulneración, no solamente contra las maestras,porque es durísimo por lo que atraviesan, sino también de los pibes porque se quedan sin esa persona de confianza con la que decidieron hablar para que los proteja”, cerró.
Cómo denunciar un caso de violencia infantil
Si sufrís o si sabés o sospechás que un niño, niña o adolescente es víctima de violencia familiar, abuso sexual, grooming o explotación sexual, podés llamar a la Línea 137 opción 1 o escribir por Whatsapp al +54 11 3133-1000. También podés realizar tu consulta en forma confidencial en este formulario. Un equipo de psicólogas y trabajadoras sociales del Programa las Víctimas contra las Violencias atiende tu llamado o tu mensaje de WhatsApp y te brinda contención e información sobre tus derechos. También podés buscar las áreas de niñez de tu provincia.
Además, la línea 102 es un servicio gratuito y confidencial de atención especializada en los derechos de niñas, niños y adolescentes. Brinda información y puede dar intervención al organismo de protección local ante situaciones de vulneración de derechos. Es de alcance nacional y es atendido por equipos especializados de cada provincia.