Esta semana se cumplen dos meses de la desaparición de Rosmery Aramayo Torres, una mujer de 50 años oriunda de Salvador Mazza, en la provincia de Salta, de quien no se tiene noticias desde el 17 de enero. La Justicia cree que su pareja la mató e inventó una coartada poco creíble, convirtiéndose en el principal sospechoso de un presunto femicidio.
José Eduardo Miranda, de 51 años, había mantenido una relación de concubinato con Rosmery durante 22 años. En los primeros días, tras su desaparición, declaró que su pareja lo había dejado por otro hombre y se había ido a vivir a Bolivia. Hasta la denunció por abandono de persona. Sin embargo, esta versión no tardó en desmoronarse.
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Un análisis de las cámaras de seguridad revelaron que ambos habían viajado juntos en la camioneta de Miranda, no hacia Bolivia, como él había afirmado, sino hacia el chaco salteño. Esta contradicción obligó al hombre a cambiar su relato: dijo que Rosmery había tenido un accidente y caído en una laguna cuando caminaban juntos ese fatídico viernes.
El hombre confesó ante la Policía que había hecho ese recorrido de 140 kilómetros adentrándose en el departamento Rivadavia, que ambos cruzaron la localidad de Santa Victoria Este y que en una zona conocida como “Pozo la Yegua”, en unas aguadas por desborde del río Pilcomayo, la mujer cayó y se ahogó.
Las inconsistencias en su relato y la falta de pruebas que respalden su versión del accidente llevaron a la fiscalía a tomar medidas más drásticas. Fue entonces que el 18 de enero, al día siguiente de la desaparición, la Policía detuvo a Miranda por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, es decir, por femicidio.
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Pero las investigaciones llevaron a sospechar que no actuó solo y, a principios de febrero, las autoridades detuvieron a José Alfredo Miranda, el hijo de la pareja de Rosmery, como presunto encubridor del crimen.
Fue imputado por el mismo delito que su papá, en calidad de partícipe primario. Este arresto fue ordenado por el Juzgado de Garantías N°2 de Salvador Mazza.
Los fiscales no descartaron la posibilidad de que la desaparición de Rosmery haya tenido lugar en un contexto de violencia de género, y que la mujer haya sido víctima de un femicidio, a pesar de que el cuerpo todavía no fue hallado.
La búsqueda y más sospechas en el entorno familiar
En los últimos días, el procurador general de Salta, Pedro García Castella, creo una unidad fiscal para que se aboque de lleno en la búsqueda de Rosmery. Está integrada por los fiscales Gonzalo Ariel Vega, Pablo Cabot y Rafael José Medina, quienes ordenaron una serie de rastrillajes en donde creen que podría estar el cuerpo.
La búsqueda se llevó a cabo en una laguna ubicada en un puesto abandonado, denominado El Chivil, en el kilómetro 23 de ruta provincial 146, camino hacia Rancho El Ñato. El operativo lo llevaron a cabo las Unidades de Investigación UGAP Tartagal y de la División de Bomberos de la Policía de la Provincia.
Durante tres jornadas consecutivas trabajaron bomberos, policías y hasta integrantes de los pueblos originarios en el chaco salteño que viven en la zona y que quedaron conmocionados por el hecho. Pero, a pesar de los intensos operativos, hasta el momento no hubo ni un solo elemento que sume algo importante al expediente.
Posteriormente, se ordenó una pericia en la casa que ambos ocupaban en barrio ferroviario y en la noche del viernes, otro peritaje en la camioneta del detenido. “Las tareas finalizaron sin novedades”, precisaron fuentes del MPF. De todas formas, la búsqueda seguirá en los próximos días.
