Tres personas fueron detenidas acusadas de explotar laboralmente a 35 obreros oriundos de la provincia de Salta en una construcción de lujo en el barrio privado de Nordelta, en el municipio de Tigre. Un cuarto sospechoso continúa prófugo.
Luego del operativo realizado por Dirección General Impositiva (DGI) en el complejo Delta Center, uno de los obreros dio detalles de las condiciones a las que estaban sometidos: “Nos obligaban a dormir hasta 35 personas en una habitación, con colchones viejos y comida casi cruda. Al principio, nos daban buena comida, pero después solo polenta. Nos deben meses de trabajo”.
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El edificio está parcialmente construido, desde el piso 1 hasta el 3, y del 4 al 7 sigue en obra. En los allanamientos, se descubrió que las personas rescatadas estaban ocultas en el subsuelo, en condiciones insalubres. La vivienda improvisada, llamada “pabellón”, estaba en la cochera, debajo de una de las rampas de acceso, y el sector estaba cercado por una pared falsa construida con cajas de cartón, perfiles de aluminio, recubierta con una tela gruesa tipo rafia.
El lugar no estaba “acondicionado para albergar personas”, según indicó el parte policial. En el espacio había humedad, no tenía entrada a la luz natural ni ventilación, y la conexión eléctrica era precaria. Las camas estaban hechas con puertas y tachos de pintura y solo había dos baños disponibles “en pésimas condiciones de mantenimiento y limpieza, sin ninguna medida de higiene y seguridad”.
En las habitaciones también había ratas, mosquitos y demás insectos con mucho olor a aguas servidas, porque detrás de la puerta pasaba “un conducto a cielo abierto con los desagües de los desechos de la cocina y de los baños”. Las víctimas llegaron al lugar tras recibir “una propuesta laboral, atractiva y engañosa”. Incluso, los responsables les prestaron el dinero para el traslado a Buenos Aires.
La policía también informó que las víctimas eran “utilizadas como moneda de cambio, pues eran entregadas a terceras personas para que los empleen en las tareas que consideraran necesario, a cambio de reducir deudas pecuniarias”.
También se supo que uno de los albañiles sufrió un grave accidente con una amoladora, que requirió atención médica, pero el contratista le prohibió salir del complejo para que pueda ser atendido. A eso se suma que los empleados cumplían jornadas de 14 horas diarias, salarios impagos y ninguno estaba registrado ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
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La construcción cuenta con 172 unidades residenciales de entre 43 y 185 metros cuadrados, un terreno de 6.300 metros cuadrados sobre la ruta 27 y está situado frente a la rotonda de acceso a la nueva vía a Nordelta.
El caso se originó en junio pasado tras una denuncia presentada ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y recayó en el Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, qué ordenó trece allanamientos simultáneos en Nordelta, Ramos Mejía, Escobar y en otra localidades.
