La Policía Federal Argentina (PFA) rescató a 18 hombres y cuatro mujeres que estaban en situación de esclavitud y vivían en condiciones precarias dentro del edificio Delta Center, ubicado en Tigre. Por el caso, fue detenido el capataz del edificio, su ayudante, un arquitecto y dos inversores.
De acuerdo con las fuentes policiales, el operativo se realizó tras seis meses de investigación de la Procuraduría de Trata de Personas, que se originó por denuncias anónimas, y esto derivó en 19 allanamientos de viviendas, oficinas y del complejo Delta Center el lunes.
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Hacinados detrás de paredes falsas
El Delta Center está parcialmente construido, desde el piso 1 hasta el 3, y del 4 al 7 sigue en obra. En los allanamientos, se descubrió que las 22 personas estaban ocultas en el subsuelo, en condiciones insalubres. La vivienda improvisada, llamada “pabellón”, estaba en la cochera, debajo de una de las rampas de acceso, y el sector estaba cercado por una pared falsa construida con cajas de cartón, perfiles de aluminio, recubierta con una tela gruesa tipo rafia.
El lugar no estaba “acondicionado para albergar personas”, según indicó el parte policial. En el espacio había humedad, no tenía entrada a la luz natural ni ventilación, y la conexión eléctrica era precaria. Las camas estaban hechas con puertas y tachos de pintura y solo había dos baños disponibles “en pésimas condiciones de mantenimiento y limpieza, sin ninguna medida de higiene y seguridad”.
En las habitaciones también había ratas, mosquitos y demás insectos con mucho olor a aguas servidas, porque detrás de la puerta pasaba “un conducto a cielo abierto con los desagües de los desechos de la cocina y de los baños”.
Las víctimas son de la provincia de Salta y llegaron al lugar tras recibir “una propuesta laboral, atractiva y engañosa”. Incluso, los responsables les prestaron el dinero para el traslado a Buenos Aires.
Sin embargo, al llegar, las personas se encontraron con una situación completamente distinta a la que les habían descrito: eran forzadas a trabajar 14 horas por día, de lunes a sábados, sin seguro ni cobertura médica. El empleo no estaba registrado y el pago era inferior al salario mínimo legal establecido y por debajo del convenio colectivo de trabajo correspondiente a los obreros de la construcción y al resto de los trabajos que les obligaban a hacer, como limpiar el edificio, hacer tareas de seguridad, electricidad, plomería y otras relacionadas con el mantenimiento.
La policía también informó que las víctimas eran “utilizadas como moneda de cambio, pues eran entregadas a terceras personas para que los empleen en las tareas que consideraran necesario, a cambio de reducir deudas pecuniarias”.
Aunque les daban alimentos, la comida era escasa y de mala calidad. Asimismo, tenían un horario limitado para salir, incluso, les quitaban los documentos. De igual forma, les descontaban los días que faltaran al trabajo por enfermedad y tenían que costear sus medicinas en estos casos o por cualquier accidente laboral.
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Por otro lado, se pudo conocer que las mujeres fueron sometidas a violencia psicológica, y todos eran amenazados con ser despedidos o quedarse sin pago para que no se quejaran de las extenuantes horas de trabajo y las condiciones en las que vivían.
Los detenidos serán procesados según lo establecido en el artículo 145 bis y 145 ter, incisos 1, 4, 5 y ante último párrafo del Código Penal (según ley 26.842), cuya pena oscila entre 8 y 12 años de prisión. La causa quedó a cargo del juzgado federal de Sandra Arroyo Salgado. Este jueves terminaron las indagatorias.
