El Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata amplió los procesamientos por “cohecho” contra Gabriel Beain, un funcionario de la Aduana, y Fabián Di Julio, el presunto líder de una asociación ilícita dedicada al contrabando de celulares de alta gama, juegos de azar clandestinos y lavado de dinero.
Según la investigación, Beain habría recibido un soborno de 594.000 pesos a cambio de agilizar y facilitar operaciones de importación en beneficio de la organización, una transacción que quedó evidenciada por un ticket bancario secuestrado durante un allanamiento.
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La acusación contra el funcionario de la Dirección General de Aduanas (DGA) se sostiene en que recibió un depósito en efectivo en 2021, presuntamente a cambio de omitir controles y favorecer el ingreso de mercancía de contrabando.
El juez federal Santiago Inchausti determinó que el depósito fue realizado en la caja de ahorros del funcionario y superaba considerablemente su salario mensual en la Aduana, lo que refuerza la sospecha de cohecho.
El caso también involucra a Fabián Di Julio, un comerciante de 53 años, identificado como el cabecilla de la organización ilícita, quien habría orquestado la transacción para que el empleado de Aduanas favoreciera las operaciones del grupo.
La relación entre ambos quedó plasmada en el fallo judicial, donde se detallan operaciones aduaneras y múltiples viajes compartidos al exterior por ambos imputados, así como una serie de importaciones que se beneficiaron de la intervención del funcionario.
La resolución judicial confirma que este monto en pesos equivale a casi 6.000 dólares al cambio oficial de la época y representa una cifra superior a 19 veces el salario mínimo en aquel momento. El magistrado consideró “inverosímil” la explicación de los acusados, quienes intentaron justificar el depósito como un pago por la compra de celulares que no se concretó.
Además de los embargos millonarios, que alcanzan los 10 mil millones de pesos para el comerciante y los 300 millones para el funcionario, el juez resolvió mantener la prisión preventiva para ambos imputados debido al riesgo de fuga y a la posibilidad de entorpecer la investigación.
El caso comenzó en septiembre del año pasado a partir de una denuncia anónima y fue avanzando con tareas de inteligencia y escuchas telefónicas en la fiscalía federal a cargo de Laura Mazzaferri. La causa sigue sumando pruebas sobre la red de contrabando y actividades ilícitas que operaban con redes complejas de lavado de activos y apuestas ilegales.
