Este viernes, la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) rescató 36 perros de un predio ubicado en el barrio porteño de Constitución. El operativo se llevó adelante luego de varias denuncias de los vecinos sobre las malas condiciones edilicias y de salud en el lugar.
Sin embargo, al llegar allí, el personal especializado también encontró a nueve personas que vivían en condiciones de extrema vulnerabilidad. Todos fueron asistidos y reubicados por organismos del gobierno porteño.
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El procedimiento se llevó adelante en un predio abandonado ubicado en la calle Pavón al 1800. Allí, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), perteneciente al Ministerio Público Fiscal, determinó que vivía un grupo de personas en condiciones muy precarias.
Sumado a ello, descubrieron la presencia de 36 perros, muchos de ellos de raza, y gran cantidad de residuos, así como conexiones clandestinas de electricidad que comprometían tanto las condiciones medioambientales como la seguridad y salud pública.
El fiscal Carlos Rolero Santurián solicitó el allanamiento del predio, que fue otorgado por la Jueza Rocío López Di Muro, a cargo del Juzgado PCyF 4. De las personas que se encontraban allí, dos de ellas son menores de edad y vivían con su mamá en situación de vulnerabilidad extrema. Es por ello que todos fueron asistidos y reubicados por organismos del gobierno de la Ciudad.
Por su parte, los animales, entre los que había una hembra con 7 cachorritos recién nacidos, estaban en condiciones críticas, con parásitos y otros problemas de salud. Es por ese motivo que debieron ser trasladados a distintas organizaciones y hogares de tránsitos particulares para recibir atención veterinaria.
Sumado a ello, la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias clausuró el lugar luego de constatar las condiciones estructurales deficientes. La empresa de suministro eléctrico Edesur, además, identificó conexiones eléctricas clandestinas y peligros de electrocución e incendio que fueron desactivadas.
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Por último, la fiscalía dispuso la clausura judicial del predio, el inmediato saneamiento y la remoción de los elementos contaminantes, así como también ordenó medidas de seguridad por el riesgo de derrumbe.
En el lugar trabajó el personal especializado de la Dirección General de Control Ambiental, Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, División Delitos Ambientales Policía de la Ciudad, División Canes Policía de la Ciudad, Dirección General de Atención Inmediata, Agencia Protección Ambiental (APRA), Ente de Higiene Urbana, Secretaria de Gobierno y Vínculo Ciudadano, Programa Buenos Aires Presente (BAP), Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Programa de Atención Intervención de la Urgencia; Edesur y AySA.
Además, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°4 a cargo de López Di Murio y la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) a cargo Rolero Santurián solicitaron la implantación de una consigna policial en el lugar, a los fines de evitar que vuelva a ser tomado.
