La situación en la morgue policial bonaerense de Mar del Plata es alarmante. El edificio que funciona dentro del cementerio municipal tiene graves problemas estructurales, pero en los últimos meses se sumó un inconveniente que encendió las alarmas: un fiscal denunció que las ratas habían mordido varios cadáveres y elevó un informe pidiendo una solución urgente.
El caso fue reportado en marzo, cuando el fiscal Leandro Arévalo recibió los resultados de una autopsia en donde el perito forense que realizó el examen detalló que al menos dos cuerpos tenían signos de haber sido mordidos por ratas. Las heridas eran post mortem, lo que quiere decir que fueron provocadas dentro de las cámaras frigoríficas.
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“En el marco de la causa donde me informaron lo sucedido, elevé la correspondiente información a la Fiscalía General. Más tarde, unos días apenas, volvió a serme informado un incidente similar, y reiteré el oficio”, explicó el funcionario en diálogo con TN.
La morgue funciona actualmente en el Cementerio Parque, que es de competencia municipal, pero donde la Policía Científica tiene, a través de un contrato de comodato, el uso exclusivo de las instalaciones desde hace 26 años. La concesión fue aprobada por medio del expediente 1784-98, tratado en el Concejo Deliberante de Mar del Plata en 1998.
No es noticia que la morgue dentro del cementerio no está en óptimas condiciones. Además de las ratas, las instalaciones son antiguas, están desconectadas del resto de los gabinetes de los laboratorios y no cuentan con los recursos necesarios para que los peritos del Cuerpo Médico Forense trabajen como corresponde.
Con el paso del tiempo, la falta de mantenimiento generó una serie de inconvenientes de suma gravedad: humedad, falta de ventilación, filtraciones, entre otros. Si bien fuentes municipales y provinciales aseguraron que se realizan fumigaciones quincenales por medio del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), los problemas son más bien estructurales.
Un acuerdo que se demoró por falta de presupuesto
A mediados de 2023, el Ministerio de Seguridad bonaerense y el Ministerio Público Fiscal firmaron un acuerdo que tenía como objetivo trasladar las operaciones al Instituto de Ciencias Forenses de Mar del Plata.
Se trata de un espacio de última generación creado en 2016 bajo otra órbita administrativa del MPF, que cuenta con 5 mil metros cuadrados y que demandó un presupuesto de 6.000.000 de pesos. Actualmente, se llevan a cabo las investigaciones de crímenes dolosos a cargo de la Asesoría Pericial, pero la morgue todavía no está en funcionamiento.
Estas instalaciones están edificadas desde hace 13 años en el predio del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Están pensadas para realizar operaciones de autopsia, extracción de muestras, placas y análisis de anatomo-patología, entre otros exámenes de alta complejidad. Tiene 18 cámaras de frío, con posibilidad de extenderse a las 22.
Durante la firma del acta de cooperación, tanto la cartera de Seguridad como el MPF acordaron gestionar “lo necesario” para proveer la seguridad del edificio con personal policial, pero aclararon que el acta no implica un compromiso de aportes de fondos. Esto desató otro inconveniente, y es que de dónde se saca el dinero para hacer las adecuaciones.
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El acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial el 17 de julio del año pasado, y lleva la firma del exministro Sergio Berni. Fue rubricado por el secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal, Francisco Pont Verges; el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello; y el subsubsecretario de Planificación e Inteligencia Criminal bonaerense, Sebastián Fernández Ciatti.
Fuentes de la fiscalía general consultadas por TN informaron que “ya se comenzó con la readecuación” de las instalaciones Instituto de Ciencias Forenses de Mar del Plata para que pueda ponerse en funcionamiento “lo más pronto posible”, pero todavía, después de meses de haberse firmado el acuerdo, aseguran que están “en etapa de búsqueda de presupuesto”.
En ese contexto, justifican este atraso con los “sucesivos aumentos” que hubo por un tema inflacionario y, por ende, “no se llegó a concretar” el traslado. Fuentes que están detrás de este tema señalaron que “son obras pequeñas” las que faltan terminar.
Por su parte, desde la Municipalidad de General Pueyrredón informaron que, si bien no es su jurisdicción, se pusieron a disposición para darle una resolución lo más pronto posible. “Estamos analizando cuáles son las obras que faltan para ver de qué manera podemos colaborar”, señalaron.
Tal como dice el acuerdo, este traslado podría mejorar la prestación del servicio de la Medicina Legal y “optimizar la utilización de los medios disponibles para alcanzar los objetivos que persiguen en materia criminal”.
