La Policía Federal Argentina rescató a 30 mujeres que eran víctimas de una red de trata de explotación sexual de personas. Según indicaron fuentes policiales, entre ellas había una menor de edad y eran de distintas nacionalidades, en su mayoría venezolanas, brasileñas y argentinas.
Las víctimas fueron puestas a salvo luego de que la Justicia ordenara una serie de allanamientos en clubes nocturnos de la Ciudad de Buenos Aires. A raíz de esto, detuvieron a siete hombres que serían los encargados de estas actividades ilegales y que conformaban la llamada “Banda del Karaoke”.
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Los allanamientos se llevaron a cabo por pedido de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 12, en el marco de la investigación y avalados por la jueza federal María Romilda Servini.
Al montar el operativo, que contó con la participación de Programa de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata, la Dirección Nacional de Migraciones, AFIP (Protección de trabajo y Habilitaciones y permisos), Consejo de la niñez y Adolescencia, y de la Agencia Gubernamental de Control de la ciudad, se pudo desbaratar la banda que utilizaba el “karaoke” como pantalla para llevar adelante la red de trata y lavado de dinero.
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A pesar de que el hombre que manejaba todo era de nacionalidad coreana, quien se encargaba de trasladar a las mujeres hacia el local era su sobrino de nacionalidad argentina.
”El ahora cabecilla detenido, resultó ser dueño de un comercio de venta de bebidas alcohólicas en el Bajo Flores y de dos karaokes, donde un sobrino se encargaba de llevar mujeres, que prestaban servicios de acompañantes coperas, para luego retirarse a lugares íntimos para mantener relaciones sexuales. Allí, se comprobó la concurrencia de una menor de 17 años, subordinada a una encargada, lo que generó la toma de medidas urgentes”, indicaron los investigadores del caso.
Una vez rescatadas, las víctimas prestaron declaración y, según indicaron fuentes policiales, pudieron comprobar la existencia de indicios del delito de explotación sexual, falta total de higiene y seguridad, y otras irregularidades que llevaron a la clausura de los comercios.
Además, se ordenó la detención e incomunicación de los responsables de la red. Se los trasladó al Departamento Trata de Personas de la Policía Federal Argentina y quedaron a disposición de la Justicia Federal.
