La última vez que vieron a Juan Marcelo Ramírez fue el 10 de diciembre de 2002 en José León Suárez, cuando un grupo de delincuentes armados y vestidos de policías lo secuestró en la puerta de la casa de una mujer, a la que iba a visitar. A casi 21 años de ese día, la Justicia condenó a 13 años de prisión a uno de los miembros de esa banda, que previamente había sido absuelto.
Se trata de Alfredo Orlando Torino Borda, quien en un primer juicio que se llevó a cabo en 2013 fue absuelto, hasta que un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal anuló ese veredicto y dispuso que se realice un nuevo debate, que ahora llegó a su fin.
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En esta oportunidad, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) 5 de San Martín, presidido por la jueza Claudia Morgese Martín e integrado por los vocales Héctor Sagretti y Silvina Mayorga, condenó a Torino Borda como coautor del delito de “secuestro extorsivo, agravado por haberse cometido con violencia o intimidación contra las personas mediante el empleo de un arma de fuego”.
No obstante, el imputado llegó en libertad a este nuevo juicio y continuará en esa situación, aunque con restricciones, hasta que la sentencia quede firme.
Entre las condiciones, el ahora condenado tendrá que fijar domicilio, del que no podrá ausentarse por más de 24 horas sin autorización del Tribunal, mientras que deberá comparecer ante el mismo el primer día hábil de cada mes en el horario de 8 a 13. Además, le prohibieron salir del país. Los fundamentos del fallo se darán a conocer el próximo 30 de noviembre.
“Se hizo justicia”
“Es tarde pero se hizo justicia por mi hijo. El 10 de diciembre van a ser 21 años que lo desaparecieron y no lo podemos encontrar. Estamos con la misma desesperación, con la misma angustia, pero estamos conformes por la decisión”, dijo emocionado a Télam Venancio Ramírez, padre de la víctima.
El hombre, quien en 2015 ya había sufrido el asesinato de otro hijo, cuestionó que primero la justicia hubiera dejado libre a Torino Borda, y afirmó: “Casación revocó el fallo y gracias a Dios este tribunal lo condenó. Nosotros nunca descansamos, participamos en muchos lados con distintos organismos, siempre estamos con la gente que ahora está en el lugar de nosotros”.
Por el caso de Juan Marcelo Ramírez habían sido condenados otros tres hombres: Julio Robledo y Claudio Maíz habían sido sentenciados a 17 años de prisión y Adrián Pérez, a 12. Este último fue señalado como quien aportó el teléfono para llamar a la familia y exigir el rescate. Todos ellos, sin embargo, ya están libres. Un dato llamativo es que a pesar de que en la camioneta de la víctima se encontraron sangre y cabellos, los sospechosos fueron acusados por el secuestro de Ramírez y no por el homicidio.
El secuestro de Juan Marcelo Ramírez
Ramírez tenía 27 años cuando lo secuestraron el 10 de diciembre de 2002 en 1 de Agosto y avenida Márquez de José León Suárez, en San Martín, cuando se movilizaba en una camioneta Fiat Ducato para ir a visitar a una amiga.
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Después, los captores se comunicaron con su papá y le exigieron medio millón de dólares a cambio de su liberación. La familia respondió que le era imposible reunir esa suma y lo último que llegaron a ofrecer fueron 7.000.
Venancio recordó que el secuestrador que le habló “era muy violento” y que le decía que “si no juntaba la plata, no lo iba a ver nunca más” a su hijo.
Al día siguiente del secuestro, el auto del joven apareció en la localidad bonaerense de Villa Martelli y en su interior se encontraron las zapatillas de Juan Marcelo y manchas de sangre y cabellos, cuyos peritajes determinaron que pertenecían al joven.
El 18 de diciembre, Venancio recibió una carta de su hijo como prueba de vida en la que el joven le pedía que reuniera dinero de donde fuera, que vendiera todo, porque los delincuentes le daban plazo hasta el día siguiente. Pero los secuestradores ya no volvieron a comunicarse con él y nunca más se supo nada del paradero de Juan Marcelo, cuyos restos aún no se encontraron.
Una de las hipótesis es que el cuerpo haya sido incinerado en el horno de una panadería, propiedad de un familiar de uno de los imputados.
