Luego de numerosas audiencias, el Juzgado en lo Correccional Nº 3 del Departamento Judicial de San Martín condenó a 6 años de prisión al dueño del bar Zar Burgers&Beer de San Miguel en el que murió quemada Lucía Costa Osores tras una explosión. En tanto, la encargada del local fue absuelta.
El debate oral comenzó el pasado 8 de septiembre y se desarrolló como estaba previsto, hasta el 6 de octubre cuando la abogada defensora de Priscila Lucca, la mesera del bar, interpuso un recurso para que sea sometida a una pericia psicológica por considerar que no estaba en condiciones de afrontar el proceso.
Una vez que se resolvió el planteo, que indicó que sí estaba en condiciones de ser juzgada, la defensa volvió a solicitar otras medidas, lo que generó otro cuarto intermedio, y en ese momento el tribunal tomó la decisión de sacarla del juicio. La joven de 18 años será juzgada en otro proceso.
Durante la etapa de alegatos, la fiscalía pidió siete años de prisión para los dos acusados; la querella cinco y la defensa la absolución de ambos.
Carlos Eduardo Oliverio, el dueño, y Marina de los Ángeles Ramírez, la encargada, llegaron al debate imputados por los delitos de “homicidio culposo y lesiones culposas”.
La explosión fatal
El hecho ocurrió el 9 de octubre de 2020, cuando Lucía Costa Osores, de 18 años, fue junto a un grupo de amigos al bar Zar de San Miguel, y antes de tomarles el pedido, la mesera acercó un bidón de alcohol a un centro de mesa que tenía fuego, lo que provocó una explosión fatal.
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Como consecuencia del hecho, una decena de personas resultaron heridas, con lesiones de distinta magnitud, y Lucía Costa Osores, que había sido trasladada a un centro médico, murió horas después.
Las otras causas por la muerte de Lucía
Además de la causa principal, también se abrió una investigación en la UFI N° 20 por el delito de robo, ya que tras el incendio, muchos de los jóvenes afectados perdieron sus pertenencias y no pudieron recuperarlas. Una de esas cosas fue el celular de Lucía.
Del mismo modo, se inició en la Fiscalía N° 8, a cargo de la fiscal Verónica Pérez, una causa administrativa contra los responsables de las habilitaciones y los controles por parte del municipio, ya que según la pericia que hicieron los bomberos en el lugar, el bar no contaba con ninguna de las medidas que debía tener para estar abierto al público.
Además, en ese entonces sólo se podía salir a comer al aire libre por las restricciones impuestas por el Covi-19, y dentro de Zar había alrededor de 80 personas y muchas de ellas ubicadas dentro del establecimiento. Por esta situación, hay tres personas imputadas.
