En enero de 2022, Matías Damián Alvarado, de 37 años, fue detenido por vender certificados truchos de test de Covid junto a su pareja, Yamila Solange Herrera Olmos (29), durante la pandemia. En septiembre de ese mismo año, la justicia lo condenó.
Sin embargo, recién ahora se ratificó la medida de su despido del Hopital Lagomaggiore de Mendoza, donde era enfermero, a través del decreto 2.193, firmado por el gobernador Rodolfo Suarez.
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De acuerdo a lo que investigó la justicia, Alvarado vendió más de 800 certificados “negativos” a personas que lo utilizaban para salir del país. Por cada test falso, cobraba una suma de $3.000, con los cuales llegó a acumular una cifra de 2.5 millones de pesos.
Luego, cargaba los resultados en el Sistema Integrado de Información Sanitaria (SISA), a pesar de que no tenía la autoridad para realizarlo. Además, en la investigación, se comprobó que ni siquiera realizaba los hisopados.
La primera sospecha del negocio ilegal de Alvarado y Herrera surgió por la llamada de atención de un bioquímico que realizaba muestras de PCR para los viajantes que debían cruzar la Cordillera, según informó el Mendoza Post. De un día para el otro, los pedidos bajaron y decidió consultarle a uno de sus pacientes si había algún problema con el servicio que estaba prestando.
Los transportistas le respondieron que “había una persona que los hacía más baratos”. A partir de allí, empezó a revisar algunos de los nombres de sus pacientes que habían sido cargados al SISA y todos habían sido ingresados por una persona que trabajaba en el Hospital Lagomaggiore. Sin embargo, le pareció extraño ya que sabía que dicho establecimiento no hacía los test a los camioneros.
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De esta manera, descubrieron al enfermero que no se encontraba con sus clientes, sino que truchaba el resultado negativo del testeo y se los enviaba a través de WhatsApp.
El hombre de 37 años fue detenido por la policía en enero del año pasado y, durante el allanamiento en su casa, se encontró una gran cantidad de test de antígenos y artículos relacionados que, en teoría, no tenía que tener.
Alvarado recibió una condena de tres años de cárcel, pero logró que se le otorgara el beneficio de la libertad condicional. Sin embargo, no podrá ejercer la medicina durante seis años.
