A tres meses del crimen del adolescente de 14 años que conmocionó a Laboulaye, el abogado del chico que confesó haber matado a su compañero Joaquín Sperani, pidió ante la Justicia que el menor vuelva con sus padres. Al mismo tiempo, los directivos de la escuela a la que asistían ambos, fueron apartados de sus cargos por disposición del Ministerio de Educación provincial.
El asesino confeso, e inimputable también por tener 14 años al igual que la víctima, se encuentra alojado desde que ocurrió el hecho en el Centro de Admisión y Diagnóstico (CAD) del Complejo Esperanza.
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En las últimas horas el abogado que lo representa, Raúl Palacios, solicitó el cese de la privación de la libertad y que el adolescente sea restituído a sus parientes. “El chico está mal, quiere volver con sus padres”, remarcó el letrado y detalló que la familia no vive más en Laboulaye, según indicó Télam.
Palacios señaló que el planteo surgió a partir de un fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), emitido el 25 de septiembre último, que insta a los jueces penales juveniles a que “busquen otras alternativas distintas a la internación” en el Complejo Esperanza para el tratamiento de los casos de los menores que cometen delitos y que por su edad no son punibles.
De acuerdo a ese dictamen, explicó el abogado, los menores de edad “no pueden estar privados de su libertad”, por lo que ahora esperan que el juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas de Laboulaye, Sebastián Ignacio Moro, se expida sobre el pedido de “restitución a sus padres”.
Por último, Palacios agregó que le pidió al magistrado que se acelere el proceso para obtener los resultados sobre las pericias psicológicas que le practicaron al adolescente.
A su vez, una fuente del Ministerio de Educación informó a la agencia de noticias que “se apartó al equipo directivo”, es decir, al directora y vicedirector, de la escuela Ipem Nº 278 Malvinas Argentinas, a la que asistían la víctima y el victimario.
La decisión se tomó para “profundizar la investigación administrativa que lleva adelante el ministerio, y para garantizar el clima institucional”, agregó el vocero. A su vez, apuntó que e puso en funciones a un “director organizador”.
La investigación administrativa se había iniciado a partir de declaraciones públicas de Mariela Flores, mamá de Joaquín, quien había reprochado a las autoridades de la escuela porque “no avisaron” que su hijo no había concurrido el día del crimen, pese a que ella se había comunicado para avisar que el chico iba a llegar más tarde porque se había demorado en salir de su casa.
El crimen de Joaquín Sperani
Joaquín Sperani comenzó a ser buscado desde la tarde del jueves del 29 de junio, cuando llamativamente no asistió al colegio. La última vez que lo vieron fue ese día, alrededor de las 15, y tenía el uniforme puesto.
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La preceptora de su curso confirmó que no se encontraba en el aula cuando tomó asistencia y algo que sumó más confusión fue que su bicicleta estaba en el patio de la escuela.
Las horas pasaban y Joaquín seguía sin aparecer, al mismo tiempo que tampoco se comunicaba con su mamá. En medio de la desesperación, la mujer realizó una denuncia cuando ya era la noche del jueves.
El sábado 1º de julio, familiares y amigos del adolescente convocaron a una marcha y los asistentes caminaron por las distintas calles de la ciudad. Jamás imaginaron el desenlace que iba a tener esta historia poco tiempo después, cuando lo encontraron muerto en una casa abandonada.
Joaquín recibió 18 golpes en la cabeza, primero con un fierro y luego con un pedazo de hormigón, por parte de su mejor amigo, que intentó ocultar el crimen.
