En el marco de la investigación por la desaparición de María de los Ángeles “Marita” Verón, la Justicia Federal de Tucumán imputó en las últimas horas a dos dirigentes gremiales por su presunta participación en el encubrimiento de este caso.
Se trata de Norberto Manzano, secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (Apjae), y Carlos Alberto Rojas, líder del mismo gremio en la provincia de Tucumán.
Ambos fueron citados para declarar en los tribunales federales y, aunque no brindaron declaraciones, presentaron un escrito mediante sus abogados.
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La Justicia decidió imputarlos bajo la sospecha de que podrían haber ocultado información crucial sobre el caso, que ya lleva 21 años de investigación.
Según la acusación, los dirigentes tenían una carpeta que contenía fotografías del cuerpo de Marita Verón. Estos documentos podrían arrojar luz sobre el destino de la joven, pero no fueron proporcionados a las autoridades judiciales.
A principios de agosto, Susana Trimarco, mamá de Marita, convocó a una conferencia de prensa en la sede de la Fundación María de los Ángeles en Tucumán, donde dio a conocer nuevas pistas que podrían estar relacionadas con la desaparición.
Allí fue que reveló la existencia de esa carpeta con fotos y documentos que sugieren que Marita habría fallecido, y que personas vinculadas a “sectores gremiales” podrían estar involucradas en el caso.
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Según contó en la conferencia, Manzano habría afirmado tener en su poder esos documentos durante una reunión de Apjae a nivel nacional en Tucumán realizada en marzo de este año. Incluso, refirió que una de las fotos mostraba el cuerpo de Marita, en una sede del sindicato Luz y Fuerza provincial, mientras que otra indicaba que estuvo en la clínica Luz Médica.
De acuerdo a los voceros judiciales, Manzano habría obtenido esta carpeta a través de Rojas, quien a su vez la habría conseguido de Julio Luna, exlíder del sindicato Luz y Fuerza de Tucumán que falleció en diciembre del 2020.
Sigue la búsqueda de Marita, a 21 años de su desaparición
Marita Verón, de 22 años en el momento de su desaparición, fue secuestrada desde un automóvil en la ciudad de San Miguel de Tucumán el 3 de abril de 2002.
Las investigaciones lideradas por Trimarco llevaron a la conclusión de que Marita fue víctima de una red de trata de personas en La Rioja, donde habría sido explotada sexualmente. En 2014 la Justicia dejó firme la condena a 10 personas por el secuestro.
En agosto, el Ministerio de Seguridad anunció una recompensa de cinco millones de pesos para quienes aporten información que conduzca al paradero de Marita.
La identidad de los informantes se mantendrá en anonimato y se pueden comunicar a través de la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente del Ministerio de Seguridad.
