En tiempos de crisis, un despido laboral puede afectar a quien necesita el trabajo. Y en algunos casos, la violencia alcanza límites tan repudiables como insospechados. En Rosario, la dueña de una fábrica de pastas despidió a su empleada pero no imaginó la seguidilla de amenazas extorsivas que recibiría de parte de la mujer que había trabajado en su local.
“Quiero medio millón de pesos en bitcoins. Te doy hasta mañana sino te rompo tu chata negra que sé donde la guardas. En tu casa de dos pisos en Funes, que tiene esa hermosa pileta. A tu hija la agarro a la salida de la facultad. Y te rompo todo el local. Más tarde te paso un CBU de cuenta bitcoins. No le digas a nadie porque sino te va a re caber putita”, amenazaba el mensaje que hasta ese momento era anónimo.
El texto llegó al celular de la comerciante de Paraguay al 1200. Ella respondió “Ok” cinco horas después. Quien armaba el chantaje continuó: “Aunque hoy retiraste a tu hija la tengo vigilada. Dame $500.000 o ya sabés lo que te va a pasar”. Diez minutos después ajustó más la exigencia: “Si para mañana no tenés la plata, te voy a quemar el local”.
Ante este panorama, la dueña de la fábrica de pastas Morano, en el centro rosarino, decidió cerrar el comercio. Pero a los pocos días, efectivos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a una joven mujer.
La pesquisa fue relativamente rápida. Buscaron al usuario del número de donde se producían las llamadas. Y descubrieron que era la línea de Celeste Abigail K, la exempleada del comercio. La capturaron en el marco de una serie de allanamientos ordenados por la fiscalía a cargo, donde los agentes secuestraron teléfonos y armas de fuego.
En la primera requisa le secuestraron el celular, un Samsung de color dorado, pantalla táctil astillada, batería colocada sin su tapa trasera y chip correspondiente a la empresa Personal. Era el teléfono con el que se hizo la extorsión.
En rigor, las intimidaciones comenzaron el día posterior a que la dueña del comercio le dijera a Celeste que probablemente esa jornada era la última en que iba a trabajar.
El fiscal Federico Rébola pidió prisión preventiva para la acusada alegando la gravedad de las intimidaciones y el efecto sobre la víctima. El abogado defensor Rodrigo Villar pidió la libertad con prohibición de acercamiento a los lugares donde residen y trabajan las víctimas. Finalmente, el juez Hernán Postma le impuso prisión preventiva por el plazo de dos años.
La propietaria del comercio había señalado que lo que más la asustó de los mensajes fue la precisión respecto de las identidades, filiaciones y domicilios que daba quien amenazaba. Este jueves a la tarde la mujer contó en una audiencia en el Centro de Justicia Penal todo el daño que la intimidación le ocasionó. En lo económico, por el cierre del local durante dos semanas debido al miedo, y psicológico, por la violencia desmedida.
