Un profesor de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) fue condenado a ocho años de prisión luego de que lo encontraran culpable por haber extorsionado a sus alumnos para que fueran aprobados.
El Tribunal Oral Federal (TOF) N°1 dictó la sentencia en contra del docente y odontólogo Luis Olmedo (70) y lo inhabilitó por 10 años para el ejercicio de la docencia y de cargos públicos. También fueron condenados la decana de la facultad y otros dos docentes.
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El caso comenzó a investigarse en 2020 a raíz de las denuncias de los propios alumnos universitarios quienes acusaban al docente de obligar a los alumnos a acudir a una academia privada suya para poder aprobar las dos materias que daba en la Universidad de Córdoba.
Con más de 50 testimonios de los estudiantes, el juicio comprobó que para aprobar las materias de Microbiología e Inmunología que dictaba Olmedo, los alumnos debían acreditar que habían concurrido a su academia privada para prepararse antes de rendir. De lo contrario, eran reprobados.
Algunos testigos declararon en el debate que tuvieron que ir a rendir casi una decena de veces para poder aprobar la materia que daba el docente, porque se resistían a caer ante sus maniobras de extorsión.
Los jueces camaristas Carolina Prado, Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci condenaron a ocho años de prisión Olmedo por el delito de “extorsión continuada” y le dictaron “inhabilitación por 10 años” para el ejercicio de la docencia y de cargos públicos. El hombre ya había sido procesado con prisión preventiva.
Por el mismo delito fueron condenados dos docentes colaboradores de Olmedo en el instituto de su propiedad, Adrián Oscar Casalis a cinco años y seis meses de prisión; y a Augusto Massimino, a cinco años de prisión.
El Tribunal Oral Federal (TOF) N°1 además accedió al pedido del fiscal Maximiliano Hairabedían para condenar a la entonces decana de la Facultad de Odontología, Mirta Spalidero de Lutri, a un año y 10 meses de prisión en suspenso por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
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De acuerdo a lo que surgió en el juicio, Spalidero de Lutri había recibido denuncias de los alumnos y no realizó la investigación administrativa correspondiente, ni puso al tanto a la Justicia. La mujer fue incluso inhabilitada por cuatro años para ocupar funciones públicas.