El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes en enero de 2020 a la salida de un boliche en Villa Gesell, comenzó el 2 de enero y finalizará el 31, cuando los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores den a conocer a el veredicto.
En la primera audiencia, la defensa de los ocho rugbiers detenidos intentó que el debate se pospusiera al presentar dos nulidades por ciertas irregularidades durante la investigación, pero los magistrados no hicieron lugar al pedido.
En específico, el abogado Hugo Tomei argumentó que los fiscales Verónica Zamboni y Walter Mercuri no les informaron nunca a los jóvenes de qué se los acusaba a cada uno y, en consecuencia, eso les impidió ejercer su derecho de defensa.
A los largo de estos casi tres años, el abogado de los jóvenes oriundos de Zárate intentó poner varios palos en las ruedas en favor de sus defendidos. Un fallido recurso extraordinario para reclamar el fin de las prisiones preventivas, una causa en la que los acusados sean considerados como “particulares damnificados” y el rechazo de las pericias psicológicas y psiquiátricas fueron algunas de las estrategias que llevó a cabo en el marco legal.
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Luciano, Ciro y Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Blas Cinalli están imputados por los delitos de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, y “lesiones leves”, debido a las heridas sufridas por los amigos de Fernando que también fueron atacados esa madrugada.
Un fallido recurso extraordinario para reclamar el fin de las prisiones preventivas
A mediados de 2021, Tomei presentó un recurso extraordinario para reclamar que cesaran las prisiones preventivas de los jóvenes. Según argumentó, a los acusados no les respetaron sus derechos “a ser oídos”, dado que la fiscal Verónica Zamboni “reconoció haberles comunicado su imputación a los 10 a la vez, en forma masiva”.
“Es un acto no previsto en el Código Procesal Penal y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, manifestó el abogado y agregó que “las actas de audiencia contienen datos falsos que reflejan actos de cumplimiento imposible”.
Además, se quejó de que la Fiscalía “a todos les imputó la misma conducta cuando después describió distintas acciones”, mientras que acusó a la fiscal Zamboni de “exponer” a los rugbiers “ante un estado de total indefensión frente a la aparente actuación de la defensa oficial”.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia bonaerense denegó “por inadmisible” el planteo de la defensa. “Más allá de las dogmáticas alusiones a un ‘estado de indefensión’ y la vulneración del derecho a ser oído, no demostró la existencia de un cambio sorpresivo que hubiera obstaculizado el derecho que —de manera genérica— aduce vulnerado”, fundamentaron los magistrados en el fallo de 15 páginas.
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Asimismo, los jueces del tribunal remarcaron que el abogado tampoco “explicó qué defensas se vio privado de ejercer, pues no vinculó su denuncia con las circunstancias concretas del caso, lo que sella la suerte adversa de la impugnación por insuficiente”.
La defensa logró que los rugbiers sean considerados “particulares damnificados”
A fines de febrero de 2022, la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Dolores aceptó que los rugbiers acusados fueran considerados “particulares damnificados” en una causa en la que su defensa denunció por presunta falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad a Verónica Zamboni, la fiscal que intervino en investigación del caso.
En específico, el abogado Hugo Tomei aseguró que en el comienzo de la causa hubo iregularidades en las actas de las declaraciones indagatorias tomadas a los imputados luego de su detención. En principio, el planteo había sido rechazado por le juez de Garantías David Mancinelli, aunque luego la Cámara de Apelaciones cambió el fallo.
Además de Zamboni, también fueron acusados la defensora oficial que intervino en el inicio de la investigación, Marina Veronica Olinidi Huespi, y dos secretarios de la fiscalía.
El rechazo de las pericias psicológicas
Los ocho rugbiers se negaron a ser sometidos a pericias psicológicas y psiquiátricas que habían sido solicitadas por la querella y la fiscalía de cara al juicio oral. Para justificar su postura, explicaron que no confían en la investigación y se quejaron de que sufrían una “persecución mediática”.
“No deseo prestar declaración porque no me siento bien, ya que desde un primer momento fue expuesta mi vida privada y la de mi familia, por lo que no quiero ofrecer más datos que sirvan para que el Dr. (Fernando) Burlando siga armando un show mediático de la causa”, expresó Matías Benicelli a través de un comunicado presentado por Hugo Tomei, a cargo de la defensa.
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En esa misma línea se manifestó Enzo Comelli, otro de los acusados: “Tengo falta de confianza en la Justicia, debido a las especulaciones y mentiras que se dijeron sobre mi persona, entorno y familia, que me han afectado tanto moral como físicamente”.
“No me siento cómodo ni seguro en hacer una evaluación por el hecho de que ya violaron muchas cosas privadas mías y no quiero que vuelva a pasar”, señaló por su parte Máximo Thomsen.
