La trágica historia de los Pomar se empezó a escribir el 14 de noviembre de 2009 cuando la familia salió en un Fiat Duna Weekend de color rojo desde su casa en José Mármol para dirigirse a Pergamino. Nunca llegaron y, durante 24 días, el misterio de su desaparición dio lugar a todo tipo de hipótesis, hasta las más descabelladas.
Sin embargo, la familia no había sido víctima de un secuestro ni de la “masacre de un padre desencajado”, como se llegó a especular. El matrimonio de Fernando Pomar y Gabriela Viagrán, y sus dos hijas Pilar y Candelaria, sufrió un accidente el mismo día de su partida pero recién encontraron sus cuerpos al cabo de casi un mes entero al costado de la Ruta 31.
Ocho años después de la tragedia, en noviembre de 2017, el juez correccional Carlos Picco condenó a dos policías por la “desidia” en la que incurrieron al haber falsificado actas del rastrillaje para localizar a la familia Pomar.
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La pena fue de un año y dos meses de prisión en suspenso para el excomisario Daniel Fabián Arruvito y de un año de prisión en suspenso para el exteniente Luis Quiroga por el delito de “falsedad ideológica de instrumento público”. No obstante, poco después los condenados fueron absueltos.
“La sensación que me dejó el caso en lo profesional fue de desazón, pero solo en cuanto al resultado de la búsqueda”, dijo a TN al cumplirse el décimo tercer aniversario del mismo Aquilino Giacomelli, el abogado que representó a la madre de Gabriela Viagrán tras el hallazgo de los cuerpos y hasta que ella misma decidió abandonar la causa penal. “Los que llegaron a juicio fueron unos perejiles”, explicó.
La ruta de la tragedia
Fernando Pomar estaba desempleado en noviembre de 2009. Por eso, cuando le surgió la posibilidad de una entrevista de trabajo como técnico químico en una importante empresa de biofertilizantes e insecticidas agrícolas en Pergamino, donde además vivía su suegra, María Cristina Robert, no dudó en hacer el viaje y aprovechar para también compartir un almuerzo familiar en la casa de la mujer.
El único que no se subió al auto fue Franco, el hijo del primer matrimonio de Gabriela Viagrán, que en ese momento tenía 13 años y prefirió quedarse en la casa a estudiar para un examen que debía rendir el lunes y esquivó así, sin saberlo, la fatalidad que sobrevendría poco después.
En Pergamino, María Cristina Robert empezó a preocuparse el domingo al no tener noticias de su familia y tampoco poder comunicarse por teléfono con ellos. Ese día fue la bisagra que cambió su vida para siempre. A partir de allí, se dedicó a buscar respuestas primero y una Justicia después, que le llegó demasiado tarde. Murió en julio de 2020, a los 73 años.
La primera pista falsa
Después de varios días de un silencio ensordecedor, el 20 de noviembre apareció una secuencia de imágenes captadas por las cámaras de seguridad del peaje ubicado sobre la ruta 7, cerca de Luján.
La grabación registró el paso de Fernando Pomar en el coche pero, si bien las fotos no reflejaban nada en particular que llamara la atención, sembraron dudas sobre la presencia de Gabriela y las nenas en el mismo vehículo.
Cuatro días más tarde, un segundo video mostró a la familia completa en su paso por la estación de cobre “El Rodeo”, de Luján. Sin embargo, lejos de llevar tranquilidad, la imagen de Fernando alimentó la teoría de un “hombre desencajado” que podría haber cometido una masacre y después suicidarse.
Las otras hipótesis
La presunta matanza familiar fue la primera pero no la única teoría que surgió durante los 24 días en los que la familia estuvo desaparecida. Se dijo también que los habían secuestrado. Que Fernando Pomar estaba en el negocio de la efedrina. Se dijo que los habían visto en Chile, en Río Negro, en Mendoza y hasta en el patio de comidas de un shopping.
Otra versión sostenía que la familia se había escapado de las deudas, ya que la casa estaba en venta y, con el padre desocupado, hacía varios meses que no podían pagar la hipoteca.
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“Mi hija únicamente dopada o amordazada podría estar sin comunicarse con su hijo, que ama con todo su corazón de madre y quedó en Buenos Aires, porque tenía que rendir una materia”, explicaba a los medios por esos días Cristina Robert, madre de Gabriela y abuela de Franco, el único sobreviviente de la tragedia.
La primera causa fue la de averiguación de paradero y fue investigada por Karina Pollice, a cargo de la fiscalía N°4 de Pergamino. Para el 1° de diciembre de 2009, la desaparición de los Pomar ya se transmitía prácticamente en cadena nacional.
El desconcierto era lo único firme y alcanzaba también a Carlos Stornelli, ministro de Seguridad de la Provincia, y a su secretario de Investigaciones, Paul Starc, quien coordinó la fallida búsqueda. Ellos buscaban vivos a los cuatro integrantes de la familia de José Mármol y se inclinaban por creer que se habían ido del país por voluntad propia.
La pista del caso que nadie siguió
Todas aquellas hipótesis se desdibujaron de golpe cuando, finalmente, los encontraron pero muertos el 8 de diciembre de 2009 en la Ruta 31 “a 39,5 metros desde la curva interna de la banquina”, unos 40 kilómetros antes de llegar a Pergamino.
“En definitiva, quedó debidamente acreditado que solo se trató de un accidente de tránsito, con dudas en el origen del mismo, pero con una certeza, al auto por alguna razón mordió la banquina, eso hizo que el conductor siguiera en parte por la misma, hasta que impacta en una alcantarilla que se encontraba tapada por los pastizales, hace que el vehículo dé una vuelta denominada en campana y los ocupantes son despedidos”, resumió a TN el abogado Giacomelli.
Y completó: “Los pasajeros delanteros por el parabrisas y los pasajeros traseros por la luneta, ya que ninguno poseía colocado el cinturón de seguridad”.
En medio de la conmoción por el hallazgo fue cuando empezaron a aparecer las críticas y los cuestionamientos. Es que el 16 de noviembre, es decir, tres días después de la desaparición de los Pomar, hubo un llamado al 911 que advirtió sobre un accidente vial en la zona donde volcó la familia.
Se trataba de un hombre llamado Casimiro Frutos, quien apoyado en la ventana del primer piso de un micro de larga distancia camino a su trabajo en Rojas vio el auto rojo de la familia, literalmente dado vuelta.
“No sabría decirle dónde exactamente era, vi en un montecito un auto volcado con las cuatro ruedas para arriba y llegué a ver que era rojo”, reconoció Frutos a los medios. “Me llamó un poco la atención porque era el color intacto”, dijo sobre el Duna Weekend color rojo que transportaba a las víctimas.
Cuando el trabajador volvió a su casa ese día llamó al número de emergencias y compartió su sospecha: esos podían ser los Pomar. El misterio podría haberse resuelto entonces, casi al empezar, pero como ya se había rastrillado esa zona en la DDI de Pergamino descartaron la denuncia de Frutos y, con ese mismo acto, convirtieron la tragedia en una lenta agonía.
“Fue un accidente de tránsito que por la desidia policial no fue descubierto de inmediato, pero aún si lo hubieran hecho no habría cambiado el desenlace fatal de las víctimas, que fallecieron a raíz de las lesiones sufridas en el mismo”, sostuvo Giacomelli.
La madre que vio morir a toda su familia
Dos días después de que encontraran los cuerpos los forenses de la morgue judicial de Lomas de Zamora confirmaron que las heridas que presentaban las víctimas se correspondían con las ocasionadas por un accidente de tránsito.
Según el informe, Fernando Pomar fue el primero en morir y presentaba una fractura de cráneo en la zona temporal izquierda. Después murieron sus hijas, de 3 y 6 años, y por último la madre, Gabriela, quien tenía también múltiples fracturas pero sobrevivió entre 1 y 10 horas después del accidente.
Un desastre sin castigo
Todos los policías involucrados reconocieron no haber sido capacitados para hacer rastrillajes. “Con el diario del lunes, es fácil. Cuando uno sabe dónde mirar, uno lo ve”, se enojó Stornelli cuando lo cuestionaron por la impericia.
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Doce fueron los uniformados implicados en el caso Pomar, entre ellos lo que desestimaron el llamado al 911 del testigo. Siete fueron exonerados, otros, suspendidos por 60 días. A juicio solo llegaron tres con rango de teniente por la falsificación de actas.
Uno fue absuelto en ese momento mientras que, en septiembre de 2017, los otros dos fueron sentenciaron a un año y dos meses de prisión en suspenso. Meses después, la Cámara de Apelaciones de Junín revocó esas penas. “Se los condenó por no haber visto lo que a criterio del juez debieron ver”, justificó el fallo.
Indemnización para el único sobreviviente
Recién en agosto de 2020, la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo de San Martín responsabilizó a la provincia de Buenos Aires por la muerte de la familia y le ordenó indemnizar a los familiares de las víctimas por el mal estado de la Ruta 31.
El fallo, al que accedió Télam, dispuso que un hijo que la esposa de Fernando Pomar, Gabriela Viagrán, había tenido con otra pareja y la madre de ella reciban el 70 por ciento del monto total de 1.700.000 pesos, más los intereses devenidos desde 2011 -cuando se inició la demanda-, “por daño moral” y “valor vida”.
La razón por la cual se fijó el resarcimiento en un 70 por ciento, explicaron después, fue que se le atribuyó el otro 30 por ciento de culpa en el siniestro al conductor del vehículo, ya que no tenía en condiciones los neumáticos y ninguno de los ocupantes del coche llevaba puesto el cinturón de seguridad.
María Cristina Robert, la mamá de Gabriela y quien había iniciado la demanda, murió un mes antes del veredicto de los jueces. Su abogado, Giacomelli, la acompañó hasta el final en su lucha y todavía hoy destaca el vínculo que pudieron construir.
Sobre la indemnización, el letrado consideró que “así fuera millonaria, eso nunca vuelve la situación de vida al estado anterior y entiendo que cualquier persona prefiere no percibir ni un céntimo, pero seguir estando con los suyos”.
En diálogo con este medio, Giacomelli concluyó: “Las indemnizaciones de índole civil, no reparan el daño sufrido, solo ayudan a tener una reparación económica y nada más, por ende considero que eso, lamentablemente no es justicia, es solo una reparación”.
“Se me hace muy difícil saber que no volveré a verlas”
Franco Ricabarra, el hijo mayor de Gabriela Viagrán que se quedó en su casa para preparar un examen y se salvó de la muerte, se convirtió en un hombre, actualmente es martillero público, pero nunca jamás volvió a usar la Ruta 31 para viajar a Buenos Aires.
“Esta fecha es muy difícil, me trae mucha tristeza y muy malos recuerdos. Fueron muchos días de angustia, de ansiedad, de no saber qué pasaba. No puedo describir este tiempo. Se me hace muy difícil que sigan pasando los años y saber que no las voy a volver a ver”, dijo Franco a Clarín, durante una entrevista cuando se cumplieron los primeros 10 años del accidente.
Sobre la investigación en particular, consideró: “En 24 días no hicieron nada. Hacían creer que estaban haciendo, pero en realidad no. Decían que había miles de efectivos rastrillando ¿Me van a decir que no iban a ver un auto al costado de la ruta? La investigación fue absolutamente inoperante, sin clara dirección, nadie sabía bien qué hacer. Fue todo improvisado sobre la marcha”.
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