Por primera vez desde 1994 la Masacre de Wilde puede tener justicia. La fiscal Viviana Simón pidió prisión perpetua para los siete expolicías acusados de haber asesinado a cuatro civiles con más de 200 balazos en uno de los casos de “gatillo fácil” más emblemáticos.
Los acusados son los excomisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez; el exoficial Osvaldo Lorenzón; los exsubtenientes Marciano González y Pablo Dudek; y los exoficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga.
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Todos llegaron al debate en libertad y están acusados de asesinar a Edgardo Cicutín, Roberto Corbo, Gustavo Mendoza y Enrique Bielsa, y de intentar matar al único sobreviviente, Claudio Díaz.
En su alegato, la fiscal aseguró que con todos los elementos analizados y valorados en el juicio, se puede “tener por acreditado no solo el hecho, sino también la coautoría penalmente responsable en el mismo de todos los procesados”.
Para Viviana Simón, los imputados realizaron un “acuerdo previo para matar entre todos” y la prueba demuestra que “se organizaron con medios, vehículos, armas de fuego y cantidad de participantes para consumar la muerte y ejecutar a las víctimas” en la zona de Wilde.
“La acción de cada imputado no es de un mero partícipe, sino de los que mantienen dominio sobre el hecho”, dijo la fiscal ante los jueces Marcelo Hugo Dellature, Luis Miguel Gabián y Claudio Fernández, del Tribunal Oral Criminal 3 de Lomas de Zamora.
La representante del Ministerio Público calificó el hecho como “un ataque múltiple a cinco seres humanos realizado ordenadamente y siguiendo un plan previamente acordado”.
Simón concluyó su alegato con el pedido de que los siete expolicías sean declarados “coautores penalmente responsables del delito de ‘homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado, cuatro hechos y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas un hecho en grado en tentativa todos en concurso real entre sí”. Además, pidió que, de ser condenados, todos queden “inmediatamente detenidos”.
28 años de lucha después, hay juicio
Horas después de que la Brigada de Investigaciones de Lanús acribillara con más de 200 disparos a las cinco víctimas que viajaban a bordo de un Peugeot 505 y un Dodge 1500, los policías fueron detenidos. Pero ese accionar fue el principio de un camino que parecía no tener fin.
Al poco tiempo la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó y liberó, y los familiares de las víctimas tuvieron que apelar en 2003 y en 2007. Pero los acusados volvieron a ser sobreseídos por la misma medida.
Cuando parecía que la causa se archivaba, la Suprema Corte de Justicia bonaerense ordenó en 2013 reabrir el expediente y anular los sobreseimientos a los policías. El argumento era que “aún cuando se considerase que el cuádruple homicidio investigado no configura un delito de lesa humanidad, es indudable que sí constituyó una gravísima violación de los derechos humanos”.
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Finalmente, 28 años después de la Masacre de Wilde, siete expolicías llegaron a juicio y también estaban imputados el comisario César Córdoba, y los policías Carlos Saladino y Hugo Reyes, ya fallecidos.
La espera fue dura y así lo hicieron saber los familiares de las víctimas. Raquel Gazzanego, viuda de Edgardo Cicutín, señaló a Télam que el alegato de la fiscal Simón “nombra la falta de respuestas del Estado, no solamente por la falta de Justicia, que tuvimos que esperar más de 28 años, sino la indefensión por parte del Estado a todas nosotras, a todas las víctimas”.
El juicio empezó el 17 de agosto y continuará el jueves a las 9 con el alegato del abogado Ciro Annicchiarico, quien representa a Gazzanego. Todas las jornadas del juicio cuentan con una transmisión en vivo a través del canal de Youtube de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
