Un caso inédito es el que se construyó alrededor de Eduardo Alberto Made, un empresario de 67 años que fue detenido en Tucumán después de que siete adolescentes de entre 15 y 19 años lo denunciaran por explotación sexual a cambio de dinero y regalos.
La declaración de las menores fue respaldada por los videos del sistema de videovigilancia del hotel donde se alojaba el acusado, que registraron cada vez que Made ingresaba con ellas simulando ser su “tío”. No obstante, la prueba clave para incriminarlo estaría oculta en su teléfono celular. Hasta el momento, se negó a revelar la clave de desbloqueo que le permitiría a la Justicia peritar el dispositivo.
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Bajo la sospecha de graves delitos, tales como “promoción y facilitación de la prostitución de adolescentes” y de “trata de personas con fines de explotación sexual”, un juez autorizó en las últimas horas una medida inusual para acceder a la evidencia: autorizó la apertura compulsiva del celular del empresario mediante el reconocimiento facial.
El caso
Made vivía en Miami y de forma periódica volvía a su Tucumán natal. De acuerdo a la investigación, el hombre contactaba a las potenciales víctimas a través de las redes sociales y por WhatsApp y les prometía impulsar carreras de modelos en Estados Unidos. También les ofrecía regalos y dinero en efectivo.
Así, por lo menos en siete casos, logró convencer a las adolescentes de encontrarse con él en el Hotel Sheraton de Tucumán , donde las ingresaba haciéndose pasar por un familiar. Una vez que estaban solos en la habitación, abusaba sexualmente de ellas.
El día que detuvieron a Made, los agentes de Gendarmería Nacional que participaron del operativo incautaron el celular del acusado. Se trataba de un Iphone 13 que no pudo ser desbloqueado por los peritos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), ante la sistemática negativa del empresario de aportar voluntariamente la clave del aparato. Solo Brasil o Israel cuentan con las licencias técnicas necesarias para realizar la apertura del equipo.
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En tanto, el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán ordenó la obtención compulsiva de los datos biométricos para desbloquear el teléfono del detenido. En la causa interviene el fiscal federal Agustín Chit, quien había solicitado la implementación de esta medida a principios de agosto y sostiene en la expediente que el imputado debe ser procesado por trata de personas con fines de explotación sexual, informó el Ministerio Público Fiscal mediante su portal web, fiscales.gob.ar.
También se le había pedido colaboración a la fuerza federal de Estados Unidos conocida como Homeland Security Investigation para saber si contaban con la capacidad de análisis para lograr el desbloqueo del celular. Pero los investigadores todavía no recibieron una respuesta concreta a la solicitud.
