Este jueves la Justicia de San Luis ordenó llamar a indagatoria a los cuatro policías procesados por la causa de Florencia Magalí Morales, la mujer que fue detenida durante los primeros días de aislamiento obligatorio por la pandemia en Argentina y apareció después ahorcada en la comisaría.
La citación responde a la sospecha según la cual los uniformados serían “co-autores de los delitos de torturas agravadas con el resultado muerte” de la víctima. En el caso de los dos efectivos de más alto rango, se pidió también que sean indagados por “privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público mediante abuso de sus funciones”.
El otro complicado es el médico forense que practicó la primera autopsia del caso, cuya conducta, según la nueva resolución, será investigada exhaustivamente. El objetivo es establecer si el mismo incurrió en los delitos de encubrimiento agravado y de omisión de los deberes de su oficio. Es decir, por no hacer su trabajo y ocultar información.
Horas después de que se conocieran las novedades del caso, Santiago Calderón Salomón, uno de los abogados que representa a los familiares de la víctima, expresó que la hipótesis de la defensa ha ganado fuerza: “Magalí muere como consecuencia de una tortura previa… es un homicidio”.
La familia de Magalí nunca creyó la versión oficial: “Nadie se suicida en una comisaría” repitieron durante estos años y ahora el fallo de los camaristas ordena al juez de primera instancia que indague a Reynaldo Clavero, Marcos Ontiveros, Victoria Paola Torres y María Arguello no solo por abuso de autoridad o privación ilegítima de la libertad como lo venía haciendo sino también por el delito de “tortura seguida de muerte”.
Así fueron las últimas horas de Florencia Magalí Morales
Los hechos investigados se produjeron la mañana del 5 de abril de 2020, cuando Magalí Morales se retiró de su domicilio en bicicleta, en Santa Rosa de la Conlara, lo que quedó registrado por las cámaras de video de un banco y corroborado por testigos.
A metros de la seccional, Morales fue interceptada por el subcomisario Clavero, quien le indicó que debía ingresar a la comisaría, lo que la mujer hizo tras dejar su bicicleta en la calle.
De los elementos reunidos surgió que en la dependencia se ordenó que la mujer quedara detenida, incomunicada y alojada en una celda por violación al ASPO, pese a que no existió orden, al menos escrita, de ninguna autoridad judicial.
Una vez reducida y privada de su libertad, Morales fue llevada al Hospital de Santa Rosa del Conlara para que la revisara un médico de turno, quien constató que no presentaba las lesiones en los brazos y otros sectores del cuerpo que se detectaron luego, cuando fue encontrada ahorcada.
