Cuatro días después de radicar la denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y funcionarios de su Gobierno por el presunto encubrimiento a los autores del atentado a la AMIA mediante la firma del Memorándum con Irán, y a un día de defender su acusación ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, el fiscal Alberto Nisman fue hallado muerto en su departamento, producto de un disparo en la cabeza.
El inicio de la investigación
El abogado penalista fue designado en 1997 para integrar el grupo de fiscales encargados de investigar el atentado a la AMIA, ocurrido en 1994, y que se había cobró la vida de 85 víctimas. En 2001, junto a sus pares Eamon Muller y José Barbaccia, cerró la investigación sobre la conexión local al acusar a varios policías bonaerenses y al mecánico Carlos Alberto Telleldín.
Tras seguir vinculado a la causa, el entonces presidente Néstor Kirchner designó en 2004 a Nisman al frente de la unidad especial para la investigación de la causa AMIA. Así, a sus 41 años, el agente profundizó la pesquisa y tras descartar la pista siria y su conexión local, avanzó con la hipótesis que asociaba la autoría del ataque a funcionarios de la República Islámica de Irán y miembros de la organización terrorista Hezbollah.
En esa línea, en 2008 pidió la detención de ex presidente Carlos Saúl Menem y del ex juez Juan José Galeano por el presunto encubrimiento y falseamiento de pruebas realizados para construir una causa ficticia y desviar la investigación, culpando exclusivamente a la Policía local.
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Al seguir la pista de que Irán estuvo detrás de la voladura de la mutual judía, Nisman se encontró continuamente con la negativa el gobierno de Teherán para cooperar, al no permitir que los acusados fueran extraditados e interrogados. No obstante, fiscal logró en 2007 que Interpol emitiera sendas alertas rojas sobre cinco funcionarios y ex funcionarios iraníes, y un ciudadano libanés.
Mientras la orden de arresto internacional estaba activa en todo el mundo, el gobierno del país asiático se mantuvo firme en el rechazo de cada uno de los pedidos; alegaba que “no existe ninguna prueba visual que denote la intervención de las autoridades de Irán en la explosión”.
Ya bajo la presidencia de Cristina Kirchner, Argentina e Irán firmaron el 27 de enero de 2013 el Memorándum de entendimiento que tenía como objetivo “crear una comisión de la verdad” integrada por juristas internacionales. El propio Nisman presentó un amparo judicial para frenar su aprobación final en el Congreso, al considerar que un proceso extrajudicial impediría el enjuiciamiento de los responsables bajo la ley argentina.
La denuncia contra el Gobierno
Dos años después, el 13 de enero de 2015, cuatro días antes de lo que la Justicia consideró un homicidio, el agente denunció en el Juzgado Criminal y Correcional Federal Nº 4 a Cristina Kirchner, a Héctor Timerman, al diputado Andrés Larroque y a los dirigentes sociales Luis D’Elía y Fernando Esteche por el supuesto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Según Nisman, el Memorándum firmado por el Gobierno con Irán era una maniobra delictiva que tenía como finalidad exculpar a los iraníes y dejar sin efecto el pedido de captura de Interpol.
El manejo de la causa tras la muerte
Luego de su muerte y de que el juez Ariel Lijo se declarara incompetente, la denuncia por la firma del pacto con Irán pasó al Juzgado Federal de Daniel Rafecas, quien desestimó la acusación por “inexistencia de delito”.
No obstante, la Sala IV de Casación ordenó reabrir la causa, apartó a Rafecas y el juez federal Claudio Bonadio, que llevaba adelante una causa contra Timerman porque había admitido en conversaciones telefónicas que el atentado fue perpetrado por iraníes, solicitó la conexidad.
En diciembre de 2017, Bonadio dictó el procesamiento con prisión preventiva de CFK, cuya detención no se concretó debido a que tenía fueros parlamentarios tras haber sido electa senadora. Sí se produjeron los arrestos de Carlos Zannini, D’Elía y Esteche. Timerman, que sufría un cáncer por el que falleció al año siguiente, fue beneficiado con la prisión domiciliaria. En marzo de 2018, el juez elevó a juicio oral la causa.
El polémico sobreseimiento a los acusados
Ya nuevamente con el kirchnerismo en el poder, en 2019 el Tribunal Oral revocó la prisión preventiva de la vicepresidenta. Finalmente, el 7 de octubre de 2021, los jueces Gabriela López Iñiguez, José Antonio Michilini y Daniel Obligado resolvieron por unanimidad sobreseer a todos los imputados, argumentando que no ocurrió delito alguno.
