Mientras este 18 de enero se cumple el segundo aniversario del crimen de Fernando Báez Sosa, aún habrá que aguardar un año más para que se celebre el juicio que analizará la culpabilidad de los ocho rugbiers imputados por “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, un delito que prevé la condena a cadena perpetua: el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº1 de Dolores fijó el inicio del debate público y oral para el 2 de enero de 2023.
Según detalló el tribunal, el proceso se desarrollará en 22 jornadas consecutivas, de lunes a viernes, en la Sala de Audiencias de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores. Los jueces que llevarán adelante el litigio serán María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, quienes confirmaron que escucharán los testimonios de más de 130 personas y que aceptaron incorporar la totalidad de las pruebas ofrecidas por la defensa de los damnificados.
Los procesados por el asesinato del joven estudiante de Abogacía son Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz, quienes tienen actualmente entre 20 y 22 años y que también serán juzgados por las lesiones ocasionadas a cinco amigos de Fernando en la madrugada fatídica.
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Todos ellos se encuentran detenidos con prisión preventiva en la Alcaidía Nº3 del penal de Melchor Romero, en el partido de La Plata. También se resolverá la culpabilidad de Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, acusados en principio de ser partícipes necesarios y que fueron excarcelados semanas después del asesinato.
La acusación de la Fiscalía
Para la fiscal Verónica Zamboni, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 6 de Villa Gesell, los ocho deportistas oriundos de Zárate son coautores del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”. En este sentido, sostiene que “acordaron darle muerte” a quien residía del barrio porteño de Recoleta y para ello, “previamente distribuyeron funcionalmente sus roles”.
A su vez, luego de asentar que la autopsia reveló que Fernando sufrió “lesiones corporales internas y externas” que “provocaron su deceso en forma casi inmediata, al causarle un paro cardíaco producido por shock neurogénico debido a un traumatismo grave de cráneo”, la agente pública señaló que los procesados escaparon del lugar “pretendiendo lograr su impunidad”. Cabe recalcar que la patada mortal en la cabeza fue asentada por Thomsen, el procesado que más complicado está ante la Justicia debido a la gran cantidad de pruebas que lo incriminan.
Varios elementos probatorios complican a los jóvenes que estarán sentados en el banquillo de los acusados. Además de la decena de personas que observaron el salvaje ataque, el suceso quedó registrados en varios celulares y en las cámaras de seguridad de la ciudad balnearia. Además, se incautaron prendas de vestir ensangrentadas de seis rugbiers y el material genético de uno de ellos fue recolectado bajo las uñas de Báez Sosa. También, los mensajes que intercambiaron los violentos en un grupo de WhatsApp demuestran que sabían de la muerte que provocaron.
Por su parte, el abogado Fernando Burlando, que representa a los padres de la víctima, adelantó que pedirán la pena perpetua para los ocho imputados. “Fue un crimen brutal donde las prendas de seis de los detenidos están con sangre. Uno no tenía sangre de Fernando porque era el que filmaba y el otro, era el que evitaba que lo puedan auxiliar sus amigos o los transeúntes”, precisó.
La estrategia de la defensa de los rugbiers
Por su parte, el abogado que representa a los imputados, Hugo Tomei, buscará voltear el caso al argumentar que hubo irregularidades en la investigación. Así, afirma que Zamboni y su colega Walter Mercuri nunca les informaron a los aprehendidos de qué se los acusaba a cada uno de ellos, por lo que esto impidió ejercer el derecho de defensa correspondiente.
No obstante, en un primer revés para el letrado, el tribunal rechazó que los agentes del Ministerio Público Fiscal y la defensora oficial María Verónica Olindi Huespi sean citados para declarar en condición de testigos.
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