En el marco de la causa que enfrenta el ex gobernador de Tucumán José Alperovich tras ser denunciado por abuso sexual por su sobrina y exasesora, el miércoles se amplió la acusación en su contra. En base a esto, se reiteró el pedido de declaración indagatoria que plantearon en diciembre de 2020.
La medida fue tomada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10 de la Capital Federal, interinamente a cargo del fiscal Santiago Vismara, y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta.
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¿Cuáles fueron las pruebas recolectadas para ampliar la acusación contra José Alperovich?
En base a los elementos y pruebas recolectadas, los fiscales ampliaron la acusación contra el imputado y requirieron que se lo llame a indagatoria por otros seis hechos que tuvieron lugar durante 2018 en la provincia de Tucumán. Además, en su escrito hicieron hincapié en que ya habían solicitado la indagatoria por dos episodios de abuso sexual ocurridos en diciembre de 2017.
En esa línea, consideraron que el testimonio de la denunciante fue avalado por los informes y los peritajes psicológicos realizados en la causa, así como también por la Junta Médica y las declaraciones que dieron distintas profesionales que tuvieron contacto con la joven. Asimismo, muchas personas declararon sobre el contexto en el que sucedieron los hechos y la forma en la que el imputado se manejaba con la víctima, inclusive en el ámbito público. En ese sentido, los representantes del Ministerio Público mencionaron que los elementos que corroboran el relato de la joven, “son diversos y sólidos”.
En el dictamen, además los fiscales rebatieron sobre el planteo de la defensa que había manifestado que los hechos no ocurrieron, en base a un informe realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJuDeCO), ya que la localización del celular no coincidiría con lo relatado por la denunciante.
Sobre ese punto Vismara y Labozzetta sostuvieron que “analizaron situación por situación” y remarcaron que “el geoposicionamiento a través del tráfico de antenas depende de varios factores, y que incluso no se puede aseverar de forma absoluta que el usuario del teléfono se encuentre exactamente en la zona de cobertura donde lo tomó la antena”.
No obstante, expresaron que en los casos de Violencia contra las Mujeres, se subraya el empleo de la amplitud probatoria y la fuerza del testimonio de la víctima. En esa línea, manifestaron que en este caso “se identifican distintos tipos de violencia como la sexual, psicológica y simbólica, ejecutadas bajo la modalidad de violencia laboral y profundizada por el lazo familiar que atravesaba esa relación”.
Explicaron que consistía en una “relación de asimetría” por la “posición de poder que ostentaba Alperovich”, entre otros factores adicionales en los que hicieron foco como “la relación familiar; la diferencia de edad (35 años); y la situación de dependencia laboral de la joven”.
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Tras fallo de la Corte, la denuncia por abuso sexual contra Alperovich quedó en manos de la Justicia de CABA
La joven denunciante, desde marzo de 2019 habría comenzado a sufrir distintos maltratos y descalificaciones. Vismara y Labozzetta destacaron “el contexto de permanente control y humillación en el que se desenvolvía esa relación, el constante tono imperativo de él hacia ella y la naturalización del entorno de frases obscenas proferidas por él y dirigidas a ella y a otras personas”.
La denuncia contra el también ex senador fue presentada, en 2019, por una joven que trabajaba con él y que tenía también un vínculo familiar. La mujer lo acusó por siete hechos de abuso sexual: dos ocurridos en la provincia del norte y los otros cinco sucedidos en la Ciudad de Buenos Aires. La causa tramitó en dos jurisdicciones distintas: en el fuero criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires y en la justicia tucumana.
Tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de mayo de este año, el expediente pasó todo a la Ciudad, de acuerdo a lo que había planteado en su dictamen el Procurador General de la Nación interino Eduardo Casal.
