Tres presos que estaban alojados en la comisaría 5ta del barrio La Unión, en Ezeiza, iniciaron esta madrugada un motín y tomaron de rehén a un agente del servicio penitenciario que se prolongó durante varias horas. En la unidad carcelaria hay otros 14 reclusos que se sumaron al ataque en reclamo de traslados a otras prisiones y a mejoras en las condiciones de detención.
Fuentes policiales indicaron a TN que el Grupo Halcón intervino en la negociación para que soltaran al agente, que fue liberado en horas de la mañana. Alrededor de las 5:55 fue liberado y, casi dos horas más tarde, se informó que el motín había terminado y que algunos de los presos fueron trasladados.
Luego de mantener al policía en cautiverio durante toda la noche, alrededor de las 7:30 horas los detenidos llegaron a un acuerdo y dieron por finalizado el motín. Sin embargo, permaneció una custodia del Grupo Halcón y se estima que algunos detenidos podrían ser trasladados, por tal motivo, se mantuvo un dispositivo cerrojo en toda la cuadra.
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Uno de los reclamos es por la sobrepoblación en las cárceles y las comisarías. “Están un 30 o 40% más arriba de la cantidad de presos que debería haber”, informó Sebastián Domenech desde el lugar.
El abandono en las cárceles de la provincia de Buenos Aires
En julio, desde el sitio Web de TN se informó la deplorable condición del sistema penitenciario bonaerense. Las imágenes de la crisis humanitaria en las prisiones que registraron un muerto cada dos días y 34.500 denuncias de tortura.
Las imágenes parecen sacadas de un cuadro de torturas en la Edad Media y demuestran la crisis humanitaria en las que están sumidas las cárceles bonaerenses, una situación que hace años vienen denunciando organismos de Derechos Humanos y que se agravó con la novedad del coronavirus.
Durante 2020 los equipos de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) relevaron 34.500 hechos de tortura o malos tratos en los penales bonaerenses. Casi la mitad de estas denuncias, más de 16.000, fueron por hechos de violencia o morosidad judicial. “Esto confirma la sistematicidad de la tortura como forma de gobierno de la población encarcelada”, sentenció el organismo.
