El 6 de octubre de 2006 Ramón Ignacio González, o “Ramoncito” como todos le decían al nene de 12 años que solía vender estampitas cerca de una vieja estación de trenes, salió de su casa en la localidad correntina de Mercedes para ir a la escuela, pero nunca llegó. En el camino fue víctima de una secta que lo asesinó salvajemente en medio de un ritual satánico. Después de 15 años, la Justicia dejó firme la sentencia contra el autor del crimen.
Se trata de Daniel Alberto Alegre, el último integrante de la banda en ser capturado ya que se mantuvo prófugo entre 2007 y 2011. Ahora, la Corte Suprema rechazó una apelación de la defensa y confirmó la prisión perpetua para el asesino de Ramoncito.
El cuerpo de la víctima fue encontrado en unos pastizales, con quemaduras de cigarrillos, golpes, el cuero cabelludo arrancado, degollado y con signos de haber sido violado. Durante la investigación, el testimonio de una chica de 14 años que había sido secuestrada por el mismo grupo y fue testigo del ritual en el que mataron al menor, aportó detalles que fueron claves para reconstruir la escena y condenar a los culpables.
Según surgió del juicio, Ramoncito fue víctima de un ritual con características de prácticas medievales y credos de origen africano del que participaron por lo menos diez personas en el interior de una casa alquilada.
Todos los miembros de la banda fueron condenados por el delito de “homicidio triplemente calificado, por haberse cometido con ensañamiento, alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal y gravemente ultrajante y privación ilegítima de la libertad”.
El fallo, ahora confirmado por la Corte, dio por probado “el padecimiento prolongado ocasionado al menor previo a su muerte, por la participación de varias personas que se aprovecharon del absoluto estado de indefensión del pequeño, que dado su estado físico de desnutrición y psicológico, no pudo oponer resistencia alguna”.
Sin embargo Alegre, el autor material del crimen, fue el único que logró evadir ese primer proceso y mantenerse prófugo durante cuatro años, hasta que lo descubrieron en la provincia de Córdoba trabajando como inspector de tránsito con una identidad falsa. En 2015, también él fue condenado a la pena máxima.
Finalmente, el último recurso presentado ante el máximo tribunal por el defensor oficial de Alegre, el abogado José Nicolás Báez, fue rechazado por los Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, que dejaron firme la sentencia.
