Miedo, frustración, bronca, cansancio y desilusión son parte de las sensaciones que invaden a un grupo de monjas que se atrevieron a denunciar y hablar sobre los abusos sexuales de los que fueron víctimas durante tantos años –según ellas- por parte del sacerdote Manuel Pascual. Es que estando a la espera del juicio por dos casos de abuso, y habiendo sido procesado por otros dos de otras dos religiosas, el Tribunal Oral Federal 3 le concedió el arresto domiciliario con la colocación de una tobillera electrónica con GPS, el cual se va a hacer efectivo en menos de 72 horas.
Pascual está detenido en Ezeiza y desde este lunes podrá seguir detenido en el domicilio de su hermana en Bella Vista, pese a la oposición de las monjas querellantes, del fiscal Andrés Madrea -quien es el que llevará la acusación a juicio- y un informe de la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia.
“Se observa como factor de riesgo el intercambio que Pascual tendría con el grupo conviviente y otros miembros de la familia”, sostuvo el mismo informe del Ministerio. El fiscal también se opuso a la domiciliaria, por escrito invocó la perspectiva de género y la protección de la mujer.
En algún momento, ante la Justicia, fue el Arzobispo de Buenos Aires Mario Polli quien ofreció un domicilio para que Pascual salga de la cárcel. El poder de la Iglesia siempre estuvo sobrevolando, a tal punto que fuentes judiciales consultadas aseguraron que hubo llamados al Tribunal previo a esta decisión que se tomó.
Los jueces del Tribunal 3, Gustavo Rofrano, Gustavo Valle y Enrique Gamboa, le dieron el arresto domiciliario con la advertencia que no puede tomar contacto con las víctimas de manera directa o por terceros, caso contrario volverá a la cárcel. Pero las víctimas están temerosas, pues en el pasado recibieron mensajes y advertencias de lo que podían declarar ante la Justicia. Igual hablaron, a tal punto que sostienen la acusación en etapa de juicio, y ahora se ven sorprendidas por la decisión de dejar que Pascual vaya a su casa.
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Además los jueces justificaron que no antes de los próximos seis meses podrán realizar el juicio contra Pascual con lo cual no pueden dilatar más la prisión preventiva.
La acusación sobre el sacerdote es grave, pueden darle como pena máxima hasta 40 años de prisión.
Pascual fue recientemente procesado por el abuso sexual de otras dos monjas: uno de los casos es el que tuvo como víctima a M. Z., y fueron desde 1996 a 2005. Según denunció la religiosa, los abusos fueron siendo éste su “director espiritual y confesor”, y eran con frecuencia de una vez por mes en el domicilio particular de él, y en el campo “La Ermita” de la localidad de Capitán Sarmiento, en Provincia de Buenos Aires.
El otro caso por el cual Pascual fue procesado por el juez de instrucción Edmundo Rabbione es el de M.C, y ocurrieron cuando ella estaba en la etapa de formación llamada “juniorado” entre 2001 y 2005. También dijo ocurrían en los mismos lugares, y también en la Congregación Hermanas de San José de Núñez, ubicada en Ernesto A. Bavio 2816 de Capital Federal.
En diciembre de 2019, en un informe donde se conoció el caso de Pascual en Telenoche, al menos tres monjas se animaron a hablar sobre los abusos por los cuales acusan al sacerdote. Dos de esos casos están al borde del juicio y sirvió para que otras se animaran a hablar pese al secretismo que maneja el juicio eclesiástico con muy poco avance hacia “el santito” y padeciendo la espalda de la cúpula de la Iglesia.
Pascual está acusado de ser autor del delito de abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante, agravado por haber sido cometido por un ministro de culto reconocido reiterado en dos ocasiones y el concreto entorpecimiento de la investigación, verificado cuando Pascual indicó a una religiosa lo que debía declarar en caso de ser citada a hacerlo.
