Un hecho inédito en la Justicia de Córdoba se abrió paso a un año y tres meses del femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa, la mochilera de 35 años que fue violada y asesinada en la localidad cordobesa de Capilla del Monte en 2020. Tanto la querella del caso como la defensa coinciden en que la investigación de la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, está repleta de irregularidades porque “buscar proteger a los responsables” y apuntan contra otro sospechoso.
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“En el proceso de investigación del caso de Cecilia, su familia y la querella observa el accionar y la complicidad de diferentes policías de Capilla del Monte, así como un abandono en la investigación por parte de la fiscalía”, anunciaron públicamente a través del grupo de Facebook “Justicia para Cecilia Gisela Basaldúa”. Para ambas partes, la fiscal Kelm cerró el expediente y elevó a juicio como autor del crimen a un peón de albañil de 24 años, llamado Lucas Bustos, cuya única prueba en su contra es una confesión realizada en una comisaría mediante presuntos apremios ilegales y torturas por parte de la policía.
“Desde que la figura del femicidio existe en la Argentina, nunca la querella y la defensa fueron por el mismo lado. Este es un caso único”, dijo Sergio Sánchez, codefensor, junto a Hernán Arce, de Lucas Bustos. Por su parte, la abogada que representa a los Basaldúa, Daniela Pavón, afirmó en diálogo con La Nación: “La causa se elevó a juicio, pero nosotros, como querella, no vamos a acusar a Bustos. Sabemos que es algo que no se ve mucho, pero la familia no quiere que un inocente vaya preso”.
En tanto, cuestionaron en las redes también el accionar de la letrada Laura Huberman, “quien fuera abogada patrocinante de la familia Basaldúa en primera instancia, mientras buscaban a Cecilia. Hoy esa misma profesional de derecho oficia como defensora de Mario Mainardi”, la última persona que vio con vida a la víctima y principal sospechoso para la familia.
Mainardi, rosarino de 47 años, fue quien alojó a Cecilia en su casa de Capilla del Monte hasta que desapareció y durante un allanamiento en el lugar se encontraron después algunas pertenencias valiosas para ella como el celular y la notebook. Casi al mismo tiempo, los peritos científicos encontraron 11 rastros de sangre en la vivienda que no pudieron ser analizados en ningún laboratorio de Córdoba. Sin embargo, la fiscal Kelm tardó 10 meses en llamarlo para declarar como testigo.
De acuerdo a la causa, el sábado 4 de abril de 2020 hubo una fiesta en la casa de Mainardi de la que habrían participado dos policías que luego intervendrían en la investigación, según el audio de WhatsApp de una testigo anónima que estuvo esa noche en el lugar, y que la fiscal desestimó.
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“Mainardi dijo que el domingo 5 de abril Cecilia se fue de la casa tras sufrir un brote psicótico, pero recién nos avisó tres días después. Nunca hizo la denuncia, la hicimos nosotros en la comisaría 35ª, de Núñez, en la Capital. La policía de Córdoba creyó la versión de Mainardi y por eso la buscaban como si ella fuese una loca que hablaba con los árboles y estuviera perdida en la montaña”, se lamentó el padre de la víctima, Daniel Basaldúa.
El 25 de abril, después de veinte días de búsqueda, el cuerpo de Cecilia fue encontrado en un campo en las afueras de Capilla del Monte, cercano a la ruta nacional 38 y a unos 500 metros del río Calabalumba. La autopsia reveló que tenía signos de abuso sexual y que la causa de la muerte era asfixia por estrangulamiento.
Para la fiscal Kelm, según la instrucción de la causa, “en fecha y hora que no se ha podido determinar con exactitud pero comprendida entre las 23 del 5 de abril y el 15 de abril” de 2020, “en lugar tampoco determinado con exactitud...” Bustos “se habría encontrado con Cecilia que caminaba por el lugar, y mantuvo una conversación acerca de caballos”. En ese lugar, Bustos “doblegó al victima” para luego someterla sexualmente y asfixiarla, estimándose que “la asfixia ha sido la causa eficiente de la muerte” de la mochilera.
Kelm imputó al albañil por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal, homicidio doblemente calificado por violencia de género y criminis causae”, que tiene una expectativa de pena de prisión perpetua, y elevó la causa a la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, que decidirá si fija fecha de juicio oral u ordena una nueva investigación.
