Más de diez meses después de la muerte de Camila Peñalva en Jujuy, la Justicia confirmó esta semana que la joven de 25 años fue víctima de un femicidio. Su familia denunció desde el comienzo “irregularidades” en la investigación y acusó al perito oficial del caso de “falsear” la autopsia. Tras la conformación de una junta médica que realizó un informe completo, Roberto Quipildor, la expareja, quedó detenido y acusado por homicidio triplemente agravado: por el vínculo, por uso de veneno y por violencia de género.
Como en tantos otros casos, la familia habla de “las muertes” de Camila: sostienen que primero la mató su asesino y después, “la Justicia”. El 5 de marzo pasado, la Policía encontró el cuerpo de la joven en su casa ubicada en el barrio Inti Watana, en Huacalera, a 100 kilómetros al norte de la capital jujeña. Desde ese momento, los familiares apuntaron contra Quipildor como responsable, pero poco después, la autopsia arrojó como resultado que había muerto “por una broncoaspiración por ebriedad”. Eso descartaba el femicidio.
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La abogada de la familia de la joven, Mariana Vargas, aseguró en diálogo con TN.com.ar que la mamá de Camila nunca creyó esa versión: “No consideraba posible la ebriedad y sabía que su expareja había estado en la casa antes de su muerte o en forma simultánea y que había antecedentes de violencia de género”. Por eso, decidieron conseguir un perito de parte.
Pasó mucho tiempo hasta que lograron acceder al informe completo de la autopsia, porque el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) por coronavirus paralizó la causa. “Fue un tiempo muerto donde caminamos demasiado lento”, describió Vargas. Varios meses después, el perito de parte conoció toda la información que estaba en el expediente. “Las fotos de la autopsia eran escasas y todo lo que constaba en el escrito indicaba que Camila no se había broncoaspirado y que no había existido ebriedad”, explicó.
Las marcas en el cuello y en algunos órganos indicaron que Camila “había muerto por asfixia provocada por lo que podía ser un ahorcamiento”. Con esa información, Vargas solicitó que se ordene una junta médica, que se concretó el 23 de diciembre. Ese día, el perito de oficio, de apellido Alba, “llegó sorpresivamente con un CD con cientos de fotos que nunca había aportado al expediente”, según denunció la abogada. Por esas imágenes, el equipo estableció que el surco en el cuello de la víctima “se debía al movimiento del cuerpo realizado antes de hacer la autopsia”. Además, un informe precisó que la joven “tenía rastros de un plaguicida”.
La junta médica concluyó que Camila murió por asfixia a causa de envenenamiento. Ese dato fue muy importante para avanzar en el pedido de imputación por femicidio de Quipildor, porque el plaguicida que encontraron en el cuerpo de la víctima “solo se consigue mediante registro conforme normativa vigente en materia agraria” y su expareja tenía acceso a esa sustancia porque su familia tiene una finca.
En ese contexto, la Justicia finalmente imputó a Quipildor “por homicidio agravado por el vínculo, por uso de veneno y por violencia de género”. El hombre estaba detenido desde fines de diciembre, aunque la familia recién fue notificada el martes. A la par del cambio de caratula, “se ordenaron nuevas medidas de prueba y un examen mental, que es el que obligatoriamente se pide para todos los imputados por un delito”, señaló Vargas, quien cuestionó que para esa prueba se designó al mismo perito oficial rechazado por la querella.
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Tras conocer la noticia, Matilde Peñalva, la mamá de Camila, dijo a TN.com.ar que se siente “más tranquila” porque se logró algo que la familia espera desde el comienzo. Aseguró que “fue muy duro el tiempo esperado” y agradeció el trabajo de Vargas. “A partir de ahora me imagino que comienza una gran batalla hasta tener una sentencia firme”, manifestó.
“Para nosotros se trata de un perito que ha falseado un informe de autopsia. Creemos que no es digno de imparcialidad y va a afectar el debido proceso”, sostuvo la abogada en diálogo con la agencia Télam y agregó que presentaron una recusación contra el mismo. Para Vargas, lo que sucedió tras el femicidio de Camila marcó un antes y un después en Jujuy: no es la primera vez que, en casos de muertes de mujeres, la Justicia resuelve que la causa fue por broncoaspiración.
Ahora, los movimientos feministas de la provincia buscarán que la Justicia revea las causas de muerte que se determinaron en varios casos. “Lo que pasó con Camila nos empuja a ese lugar, porque el privilegio de tener un perito de parte no lo tuvieron todas las familias”, manifestó Vargas, aunque afirmó que “hay mucha obstaculización”. Sostuvo que el Estado provincial “desprecia” a las mujeres y afirmó: “Nada de lo Estatal y sin costo nos permite acceder a la Justicia. Es una gran complicidad de impunidad”.
“Hoy la preocupación de la mamá de Camila es aportar todas las pruebas que garanticen la condena a prisión perpetua de Quipildor”, afirmó. “Estamos ante una profunda impunidad, desigualdad, legitimación y complicidad Estatal respecto de los crímenes de género”, aseguró, aunque destacó que también hay “un movimiento de mujeres, cada vez más amplio, que está de pie”. “Esa es la única garantía de justicia con la que contamos: somos conscientes de ello”, concluyó.
